La Justicia federal sorteó este martes en los tribunales de Comodoro Py una serie de nuevas denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentadas luego de que se conocieran su declaración jurada y las rectificaciones contables que elevaron de manera considerable su patrimonio.
En estas presentaciones se lo acusa, principalmente, del delito de “falsedad ideológica” vinculado a la información consignada en sus declaraciones juradas.
Nuevas causas y jueces intervinientes
Una de las denuncias sorteadas fue impulsada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Esa causa recayó en el Juzgado Federal N.º 6, actualmente a cargo de Daniel Rafecas.
Además, se presentó otra denuncia por parte del abogado José Magioncalda, también por presunta falsedad ideológica en las declaraciones juradas del funcionario.
En paralelo, se sorteó una tercera presentación realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que apunta contra Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, por el delito de asociación ilícita.
Qué se investiga: falsedad ideológica y patrimonio
El delito de falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento público o privado. En este caso, el foco está puesto en las declaraciones juradas patrimoniales del jefe de Gabinete.
Según explicó el propio funcionario en una entrevista televisiva, la justificación de los cambios introducidos en sus declaraciones sería la existencia de ingresos por US$500.000 que habría mantenido ocultos y evadidos durante años.
Ese dinero, de acuerdo con su versión, provendría de una inversión en criptomonedas realizada antes de su ingreso a la función pública, que no había sido declarada en sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Acumulación con la causa por enriquecimiento ilícito
Las nuevas denuncias muy probablemente serán anexadas al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que ya se encuentra avanzado y en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.
En esa causa, los investigadores ya detectaron inconsistencias en las declaraciones juradas (DDJJ) presentadas por el jefe de Gabinete, por lo que el fiscal ordenó nuevas medidas de prueba.
En este contexto, Pollicita redacta el requerimiento de justificación patrimonial para que el funcionario explique de manera detallada el origen de los fondos incorporados a su patrimonio.
Ese requerimiento se considera la antesala de una eventual indagatoria, en caso de que las explicaciones que brinde el funcionario resulten insuficientes para la Justicia.
