En una nueva ofensiva por la soberanía argentina en Malvinas, el Gobierno informó que inició procesos sancionatorios contra 15 ejecutivos y empresas a las que acusa de haber atacado los derechos del país sobre su plataforma continental.
La decisión se suma a otras 45 personas y compañías que ya estaban bajo investigación por parte de la Casa Rosada, en el marco de la política de endurecimiento de controles sobre las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.
La medida se conoce además un día después de la denuncia penal presentada contra cinco compañías hidrocarburíferas que operan en la zona de las Islas Malvinas, apuntadas por explotar recursos naturales sin habilitación de las autoridades nacionales.
En un comunicado difundido este martes, la Oficina del Presidente sostuvo que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, al detallar que las sanciones se aplican por violaciones a las restricciones previstas en el artículo 2 de la Ley 26.659.
La normativa citada, recordaron, “prohíbe y sanciona la exploración y extracción de petróleo y gas en la Plataforma Continental Argentina sin la autorización expresa” de la administración nacional, encuadrando así las acciones oficiales en un régimen específico para actividades offshore.
En ese sentido, el Gobierno remarcó que “cada expediente que se abre es una continuación de la convicción de que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos”, al vincular el despliegue administrativo con la histórica posición de la Argentina sobre el Atlántico Sur.
El texto oficial enfatizó además que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, al advertir que toda iniciativa empresarial en esa zona sin aval argentino será objeto de sanciones y eventuales acciones judiciales.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 8, 2026
Nuevos sumarios y alcance de las sanciones
En paralelo, el Poder Ejecutivo precisó que las actuaciones sancionatorias realizadas este martes “se suman a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos, y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental”, consolidando así un frente ampliado contra operadores privados.
En el escrito indicaron que la ampliación de estos procedimientos es consistente con un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos naturales del país, y señalaron que se trata de una tarea de largo plazo para desarticular la operatoria en la zona en disputa.
El Gobierno advirtió que seguirá avanzando en esa línea y que “iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables”, anticipando nuevas medidas contra empresas y directivos vinculados a la actividad petrolera en el área de Malvinas sin autorización argentina.
En el cierre del comunicado, se subrayó que “el Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, aludiendo tanto a acciones internas como a reclamos en foros internacionales.
Las petroleras denunciadas y el vínculo con el Reino Unido
Por otra parte, la denuncia penal informada este lunes recayó sobre las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., todas vinculadas a proyectos de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Según la presentación, estas compañías presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, lo que para la administración argentina configura una violación directa de su marco jurídico sobre la plataforma continental.
Las decisiones de la Casa Rosada se conocen cinco días después del mensaje que Javier Milei dio en cadena nacional en torno al endurecimiento de las sanciones contra las compañías con presencia en el archipiélago, donde anticipó un mayor rigor frente a cualquier avance sobre los recursos naturales de la zona en disputa.
