Malestar en la Justicia por designaciones “a dedo”

La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) manifestó su malestar por la designación “a dedo” en la Justicia entrerriana. En ese orden, pidió que se respete el proceso de designación de empleados y amenazó con hacer un planteo legal.

La ley dice que para ingresar al Poder Judicial de Entre Ríos hay que someterse a un proceso de “oposición”, lo cual supone un concurso, de carácter público. La condición está contenida en el inciso e) del artículo 2º de la Ley Nº 5.143 Estatuto del Empleado Judicial, que dice que para ingresar, la persona debe “someterse a un curso de antecedentes y/o de oposición, conforme a la reglamentación que dicte” el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El denominado Reglamento Nº 16, que ordena el sistema de ingreso, ascenso y traslado del personal judicial, agrega que la incorporación al Poder Judicial “se hará en el último grado del escalafón para el personal administrativo”. Y el artículo 2º de esa norma aclara: “Los concursos para el ingreso se realizarán anualmente, en el mes de marzo de cada año o en la fecha que determine el STJ”, y entre otros puntos, la prueba abordará un examen de “tipeo” y de “ortografía”.

Pero también establece que los ascensos y las coberturas de vacantes deberán seguir el mismo mecanismo. El artículo 18º ordena, taxativamente: “Las vacantes de empleados que se produzcan en el Poder Judicial con excepción del último cargo del escalafón, serán cubiertas mediante concurso cerrado de oposición”.

Pero a juicio de AJER, ese ordenamiento legal no se estaría cumpliendo en muchos casos en la Justicia provincial, y así, las designaciones “a dedo” son más corrientes de lo esperado, y el sistema de concursos para el ascenso en el Poder Judicial queda frecuentemente de lado.

El gremio hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que, según Mabel Pedrero, vocera del gremio, tuvo un resultado que no fue satisfactorio: se lo consideró “abstracto”, pero ese desenlace tuvo que ver con el hecho de que el reclamo apuntó “a un caso en particular”, pero, agregó, “acá estamos hablando de una práctica que es común”.

La práctica, indicó Fernando Cañete, secretario gremial de AJER, involucra principalmente a los magistrados: cuando se produce una vacante en cargos jerárquicos, “por ejemplo un jefe de despacho que es promovido a secretario de un Juzgado de Paz, el reemplazo se da a pedido del juez. Y recae generalmente en alguien que es ingresante temporario, lo que nosotros denominamos escribientes. Así, no se respeta la carrera, porque ese cargo debería cubrirlo alguien que está inmediatamente por debajo. Así, se pasa por encima de todos. O en todo caso, debería hacerse un concurso cerrado, y ahí un escribiente no reúne el requisito para concursar y poder ganar el cargo”.

Sin transparencia

AJER todavía no ha concluido el debate interno en torno al tema, aunque de igual modo ya presentó su preocupación a la titular del STJ, Leonor Pañeda, quien prometió ocuparse. De todas formas, de persistir la situación, el sindicato de los judiciales analiza avanzar en otro sentido, y no descarta cuestionar a los magistrados que incumplen el Estatuto del Empleado Judicial, aunque por ahora evitan dar mayores precisiones.

Pedrero asegura que “el Estatuto del Empleado Judicial prevé de forma muy clara cómo debe producirse el ingreso y el ascenso dentro del Poder Judicial. No se puede ascender de un cargo a otro mediante concursos cerrados si no se tiene una antigüedad mínima de un año en el cargo”. Pero se da igual, y por eso, añade, “hay mucho malestar, y todo el mundo está enojado”.

“Acá –definió la dirigente– se da una situación particular, y es que no se respeta la ley. Nosotros tenemos claro cómo es el régimen de ingreso y ascenso. Lamentablemente, hay una situación particular en la Justicia donde la mitad más uno de los magistrados son suplentes, y eso se traslada al resto del escalafón. Pero acá se da la situación que los cargos los está cubriendo gente que es suplente, y se trata de una función que no se aprende de un día para el otro. Formar un empleado lleva entre 12 y 20 años”.

Luego, apuntó: “El problema es que la Justicia no está siendo transparente desde adentro”.