El Ejército Argentino dispuso una serie de medidas para el “uso responsable de las redes sociales” que alcanzan tanto al personal militar como al civil, y que dentro de la Fuerza son leídas como un acto de “censura”, generando fuerte malestar interno.
Según se presume en ámbitos castrenses, la iniciativa habría surgido por orden del ministro de Defensa, Carlos Presti, y su alcance sobre el personal civil es uno de los puntos que más controversia desató.
En diálogo con el portal Urgente24, una fuente del sector cuestionó con dureza el criterio aplicado y planteó: “¿Qué tiene que ver el personal civil con la disciplina militar?”, aludiendo a que la normativa extiende obligaciones típicamente castrenses a trabajadores que no revisten estado militar.
Alcance de la normativa y “conductas prohibidas”
El texto oficial establece que “la utilización de las redes sociales en el ámbito particular no exime al personal del cumplimiento de las normas de conducta y disciplina que rigen la vida institucional”, dejando en claro que el comportamiento digital también será objeto de control.
A partir de allí, la disposición enumera una serie de “conductas prohibidas” para el personal del Ejército Argentino. Entre ellas, se incluye “publicar contenidos o imágenes que reflejen conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, particularmente cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la Fuerza”.
Asimismo, el documento prohíbe “publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas con asuntos de la Institución”, lo que en los hechos limita la posibilidad de expresar disconformidades o críticas en el ámbito digital.
Restricciones políticas y comunicaciones sin autorización
Otro de los puntos centrales de la normativa apunta a las expresiones de contenido político. En ese sentido, el Ejército dispone que queda vedado “efectuar manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario que comprometan la neutralidad institucional de la Fuerza, ya sea en comentarios, posteos, historias, estados, etc.”.
Además, se incorpora una restricción específica para quienes se identifiquen públicamente como parte de la institución: se prohíbe “hacer declaraciones, entrevistas, contenido o posteos en su condición de militar sin autorización”, reforzando así el control sobre la comunicación externa de los uniformados.
De este modo, el nuevo régimen de redes sociales, que abarca tanto al personal militar como al civil, es interpretado por sectores internos como un intento de disciplinamiento que excede el marco tradicional de la vida castrense y que, en algunos casos, es calificado directamente como “censura”.
