Macri lo anunció con bombos y platillos pero el FMI aún debe avalar adelanto AUH

El Gobierno descarta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avalará el adelanto de los aumentos de todo este año en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que desde este mes llegará a $2.644. La decisión, que tendrá un costo fiscal de $15.000 millones para todo 2019, fue anunciada el viernes por Mauricio Macri en su presentación en la Asamblea Legislativa, e implica un incremento para los beneficiarios de 46%.

 

Para poder hacer frente a la suba sin problemas con las metas fijadas con el organismo que maneja Christine Lagarde, el Ministerio de Hacienda le pedirá la habilitación de la cláusula firmada en el acuerdo stand by de septiembre de 2018, por la cual el país puede corregir en hasta 0,4% del PBI la promesa de déficit cero.

Según la letra fina del tratado, el compromiso de equilibrio de las cuentas públicas podría torcerse hasta ese límite siempre que el desvío se destine exclusivamente a planes sociales en contingencias especiales.

 

Y obviamente, a los ojos del oficialismo, un incremento de la AUH se justificaría en medio de una inflación que el propio FMI reconoce que es más complicada que la programada para este año. Por otro lado, el costo de los $15.000 millones está en línea con el 0,4% habilitado por el acuerdo.

La negociación para el aval al adelantamiento de las AUH se dará en abril. Entre el 12 y el 14 de ese mes se concretará en Washington la reunión anual de primavera del FMI, y hacia allá viajarán el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

 

Ambos se reunirán con las autoridades del Fondo Monetario y relanzarán verbalmente el acuerdo de septiembre, ratificando públicamente el entendimiento político y económico que hay entre las partes. Puertas adentro se negociarán los términos de la relación para el segundo semestre, incluyendo la aplicación de la cláusula del 0,4% de desvío del déficit fiscal.

Antes, el 19 de marzo, el organismo liberará los u$s10.840 millones del primer desembolso del año comprometido en el acuerdo de septiembre pasado; y se despejarán así las dudas sobre la posibilidad de caer en default, al menos este año.

 

Tanto desde el Gobierno como desde los enviados del FMI en la última misión de febrero, ya se hablaba de la posibilidad que este año no se consiga el tan ansiado y comprometido “déficit cero”. Y desde las dos partes hubo una sensación de que la posibilidad de concretar la meta será difícil en las circunstancias actuales de la economía real del país.

Salvo que la actividad comience a recuperarse desde mayo a junio y que en consecuencia los recursos públicos se reactiven. Como esta alternativa aún no se vislumbra, las partes habían analizado durante la misión que comandó Roberto Cardarelli aceptar ese leve déficit fiscal permitido, siempre que los fondos se destinen a programas sociales.

 

Para esto fue fundamental la entrevista que durante la misión mantuvieron Cardarelli y el embajador del FMI en el país, Trevor Alleyne, con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, una funcionaria a la que los técnicos del Fondo le tienen amplia confianza en cuanto a los números que les muestra cada vez que se reúnen.

Según los nuevos estatutos políticos internos que quiere manejar el FMI desde que la francesa Christine Lagarde llegó al organismo, las misiones que fiscalicen las cuentas de los países miembros no deben basar los objetivos fiscales en reducciones drásticas y lineales de los planes de asistencia social.

 

En otras palabras, los países que aplican las políticas recomendadas por el Fondo no pueden mostrar menor contención de los sectores postergados por la aplicación de los ajustes fiscales recetados desde las oficinas de Washington. Si para fin de año el Gobierno muestra una distorsión de no más del 0,4% en el déficit fiscal, y si ese porcentaje contiene los planes de ayuda social, confían tanto en el macrismo como en la cúpula amiga del FMI que se podrá negociar un waiver y que el país continuará con la vigencia de su stand by durante 2020, año en que, además, y de no mediar una renegociación, no habrá nuevos desembolsos del FMI.

Esto implica que el país debería someterse a cumplir lo firmado en septiembre del año pasado. O, como deslizan algunos dirigentes opositores (comenzando por el kirchnerismo), llamar a una renegociación con el Fondo, un escenario que desde Washington es hoy visto como el averno.

 

El problema que se vislumbra de parte de los visitantes no es el nivel de gasto público. Las dudas del FMI se concentran en un capítulo particular: la evolución de la actividad económica en el resto del año y sus consecuencias directas en la recaudación impositiva.

Lo que ve el FMI es que los ingresos tributarios (especialmente los previsionales) en los dos primeros meses del año se mantienen 10 puntos por debajo de la inflación. De continuar la tendencia, habría problemas para conseguir los pesos suficientes para sostener el nivel de gastos comprometido.

 

Si esto se confirma, y si la recaudación no comienza a dar mejores noticias cerca de junio, Argentina debería comenzar a trabajar en nuevas fuentes de ingresos. Para el macrismo, pensar en más impuestos (con una presión tributaria insostenible y un año electoral) es una utopía. Le quedaría entonces al país esperar por una recuperación fuerte del nivel de ingresos de dólares, fruto de la mejora competitiva de las exportaciones luego de la devaluación del año pasado.