Luis Caputo: “Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”

En plena escalada de la ofensiva del Gobierno contra el periodismo, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo reclamó públicamente una norma que sancione a los comunicadores que difundan información que considere infundada. “Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, acusó.

El funcionario de Javier Milei difundió un extenso mensaje en redes en el que cruzó al periodista Beto Valdez, quien lo vinculó en X con un presunto negociado millonario ligado al control de los surtidores de combustible. Caputo negó cualquier relación con los empresarios mencionados y exigió una respuesta judicial.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, afirmó el ministro, al desmentir las versiones sobre la supuesta privatización dirigida. Y redobló: “La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”, lanzó.

En ese marco, Caputo insistió en que el problema excede su caso personal y apuntó a un segmento de la prensa. “Valga un ejemplo más de lo que acabo de tuitear. Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, remarcó al reiterar su denuncia.

Valga un ejemplo más de lo que acabo de tuitear. Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este… https://t.co/sXXxQARvsh

— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2026

Choque frontal con La Nación y acusación de “ataque del periodismo”

Más temprano, el ministro que conduce el equipo económico del Gobierno también había cargado contra el diario La Nación por un informe sobre los ataques del presidente Milei contra la prensa. “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo”, escribió al cuestionar la cobertura del matutino.

Caputo sostuvo que un sector de los medios opera con impunidad. “Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”, ironizó, aludiendo a la presión para no responder públicamente a las críticas y denuncias.

En su mensaje, el ministro mostró una página de la edición de La Nación con el título: “Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”. Milei reaccionó replicando el posteo de su ministro y rebautizando al medio con una frase insultante.

El Presidente citó la publicación de Caputo y escribió en X: “EXPONIENDO A LAS MIERDAS MENTIROSAS CON MICRÓFONO”, acompañando así el reclamo del titular del Palacio de Hacienda contra los periodistas y avalando el cuestionamiento a la cobertura crítica.

El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo.
Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias. pic.twitter.com/qduLX3x5UO

— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2026

El trasfondo: la desregulación del control de surtidores

El enojo de Caputo apuntó directamente contra Beto Valdez, que en su cuenta de X difundió una nota donde señala al ministro y a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, como supuestos gestores de una “privatización exprés” a manos de un empresario amigo, a partir de la desregulación del control de los surtidores. Según ese texto, el cambio habría favorecido a un “empresario muy cercano” al titular de Economía.

La verificación de surtidores de combustible estuvo hasta fines de 2025 a cargo del INTI, pero el Gobierno decidió transferir el servicio a laboratorios privados. Sturzenegger celebró la reforma y la presentó como el fin del monopolio legal del INTI en metrología, al tiempo que defendió que se eliminaban subsidios del contribuyente a las grandes petroleras.

Valdez planteó en su posteo que ese negocio millonario fue sacado de la órbita del INTI por Sturzenegger “para dárselo a un empresario muy cercano a Toto Caputo”. Y citó que “voceros de la oposición legislativa y expertos en el sector coincidían en señalar que el millonario traspaso del control de los surtidores de combustible a manos privadas constituye un caso testigo de privatización exprés y ‘capitalismo de amigos’”, según la nota difundida.

Caputo respondió de inmediato y volvió a negar cualquier vínculo con los protagonistas del presunto negocio. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, replicó al periodista, al que acusó de difundir información sin pruebas sobre su figura.

Sturzenegger también salió a despegarse de las acusaciones. “Yo tampoco nunca escuché de dicho grupo @LuisCaputoAR. Supongo que esto debe ser algo así como ‘el ladrón ve a todos de su misma condición’”, dijo, y utilizó la polémica para cuestionar la conducta de quienes gobernaron antes.

El ex titular del BCRA sostuvo que la decisión fue estrictamente técnica. “En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas”, argumentó, y completó: “Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó @JMilei”, agregó.

Caputo, Milei y la idea de una ley contra periodistas

En el entorno de Caputo señalan que el ministro suele convivir con las críticas periodísticas y con versiones permanentes sobre su eventual salida del gabinete. Pero admiten que esta vez reaccionó con mayor dureza porque se trata de una acusación de presunta corrupción, lo que explicaría la intensidad de su respuesta pública.

Fuentes oficiales dejaron trascender que el ministro no había conversado antes con Milei sobre la posibilidad de una ley para sancionar periodistas. Sin embargo, el Presidente apoyó con énfasis el posteo de su titular de Economía, al replicarlo en X con la frase: “DESENMASCARANDO MENTIROSOS”, reforzando el mensaje contra la prensa crítica.

El marco legal argentino sobre libertad de expresión

El reclamo de Caputo llega en un país donde, desde hace décadas, se desmantelaron figuras penales que castigaban la tarea periodística. Durante el gobierno de Carlos Menem se derogó la ley de desacato contra periodistas, como parte de un paquete de reformas tendientes a fortalecer la libertad de expresión tras la última dictadura.

Luego, en la presidencia de Cristina Kirchner y por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Kimel, se despenalizaron los delitos de calumnias e injurias cuando se trata de cuestiones de interés público y periodistas, precisamente para evitar que el sistema penal se convirtiera en una herramienta de censura.

Más allá de esos cambios, sigue vigente la posibilidad de que Caputo o cualquier ciudadano inicie una demanda civil por daños y perjuicios contra comunicadores, si considera que fue afectado en su honor o imagen, en el marco de la legislación común y sin recurrir al castigo penal.

En paralelo, durante el kirchnerismo se consolidó la llamada teoría del lawfare, con la que se denunció un supuesto complot entre periodistas, jueces y la embajada de Estados Unidos contra líderes del espacio nacional y popular. Según esa lógica, se buscó justificar denuncias contra periodistas por supuesto espionaje y extorsión, mientras los servicios de inteligencia intervenían legalmente sus comunicaciones, en un clima de fuerte tensión entre poder político y medios.

Leyes restrictivas a la prensa en la región y otros países

La discusión abierta por el pedido de una ley que castigue a periodistas se da mientras diversos organismos internacionales alertan sobre marcos normativos restrictivos en otros países. En Cuba, por ejemplo, rige desde mayo de 2023 una ley de medios que no contempla la existencia de medios independientes, muchos de los cuales surgieron con la expansión de internet en la isla.

Esa normativa establece que los medios solo pueden pertenecer al Estado, a asociaciones reconocidas como la central sindical o ser comunitarios, siempre que no busquen “subvertir el orden socialista” y estén registrados ante una entidad estatal. El régimen de La Habana también castiga conductas que, a su criterio, instigan a “la ciberguerra”, una figura que organizaciones de derechos humanos consideran ambigua y de uso discrecional.

Además, en la isla sigue vigente la llamada Ley Mordaza de 1999, cuyo nombre oficial es “Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”. Esa norma penaliza la colaboración con Estados Unidos y ha sido utilizada para encarcelar a decenas de periodistas, muchos de los cuales recuperaron la libertad solo por la presión internacional.

En Venezuela, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “subsiste un marco normativo que restringe de manera indebida el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”. Entre esas normas figura la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, utilizada para perseguir voces críticas y regular contenidos.

Por su parte, Nicaragua “ha transitado hacia un modelo abiertamente totalitario bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La aprobación de reformas constitucionales y de la Ley N.º 1234 en febrero de 2025 consolidó un sistema de poder absoluto, institucionalizando la censura y profundizando la persecución contra voces críticas, incluyendo la privación de nacionalidad, advirtió esa entidad.

En Rusia se aplican castigos contra quienes difundan “información deliberadamente falsa” sobre las Fuerzas Armadas, así como para quienes las “desacrediten”. También está vigente una ley antiterrorista utilizada “para silenciar la disidencia”, según describió Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

Struthers reclamó mayor respaldo externo a los disidentes del Kremlin. “La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para apoyar y proteger las iniciativas rusas contra la guerra y a los ciudadanos y ciudadanas de Rusia que siguen oponiéndose a ella”, añadió.

En Bolivia, en tanto, “los periodistas, considerados como molestos, son objeto del ensañamiento judicial”, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. En virtud del Decreto Supremo 181 de 2009, los comunicadores que ‘mientan’, ‘hagan política partidista’ u ‘ofendan al gobierno’ pueden perder los ingresos provenientes de la publicidad estatal, un instrumento que ha sido denunciado como mecanismo de presión económica sobre los medios críticos.