En el marco de la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía Luis Caputo lanzó un paquete de medidas económicas destinadas al sector productivo, pero advirtió que la normalización financiera demandará tiempo. El funcionario confirmó que el fisco suspenderá embargos hasta mayo de 2027, ampliará planes de pago con ARCA, habilitará la compensación de saldos fiscales y dispondrá de nuevos créditos a través del Banco Nación.
Ante los empresarios, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que planteará a los gobernadores la quita del impuesto a los Sellos y reconoció la gravedad del escenario: “Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos”, afirmó.
El primer eje del plan oficial congela las ejecuciones judiciales hasta mayo de 2027, con el objetivo de otorgar margen operativo a las empresas para ordenar sus cuentas.
El freno oficial responde a una asfixia concreta en el entramado fabril. Datos de la Fundación Observatorio PyME revelan que una de cada siete industrias pymes sufrió embargos de ARCA, con notificaciones que en su mayoría cayeron dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.
El reporte técnico detalló que el origen de las medidas cautelares se concentró en la falta de pago de obligaciones corrientes como el IVA, el impuesto a las Ganancias y los aportes a la seguridad social. Asimismo, el informe constató que los bloqueos derivaron de la caída de planes de facilidades previos, lo que expone el severo estrés de liquidez para sostener compromisos fiscales.
A este panorama se suma una fuerte dilatación en la cadena de pagos. El plazo promedio de cobro a clientes se estiró a 49 días, diez jornadas más que en 2025, golpeando de lleno al capital de trabajo que debe responder por salarios, insumos y tributos corrientes.
Ampliación de planes y compensación aduanera
Como segunda medida, Caputo precisó que el régimen de regularización en 18 cuotas, que vencía originalmente el 30 de junio, se extenderá para cubrir deudas acumuladas hasta el 31 de octubre.
La intención de la cartera económica apunta a generar mayor desahogo en las cajas corporativas, en medio de tasas de interés y costos de financiamiento todavía prohibitivos.
El tercer punto autoriza el uso de saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras. Las pymes podrán destinar el 100% de sus reintegros de exportación o créditos de IVA asociados para liquidar aranceles y deudas ante la Aduana.
El esquema abarcará gradualmente a las grandes compañías, arrancando con porcentajes menores que irán en alza paulatina.
En ese sentido, el ministro cuestionó las demoras burocráticas del Estado, que retenía devoluciones entre seis y nueve meses. Y fustigó: “Es ridículo que se esté debiendo plata al mismo tiempo que se les cobra”, remarcó.
La medida busca constituir un puente hacia un mecanismo definitivo de cuenta corriente única aduanera entre el fisco y el sector privado.
Crédito automotriz y el pacto con las provincias
La cuarta disposición apunta a la industria automotriz mediante préstamos del Banco Nación, con plazos de tres a cinco años y una tasa fija cercana al 20% anual.
Frente a las suspicacias sobre el origen de los recursos, el ministro descartó financiamiento espurio: “No hay ningún plan platita. Esto es solo tratar de darle una solución en la coyuntura a un problema heredado y que va a llevar tiempo solucionar, que es el del costo financiero”, sentenció.
Hacia el tramo final de su exposición, el jefe de Hacienda anticipó gestiones con las provincias para derogar el impuesto a los Sellos, al que definió como una carga profundamente distorsiva.
El tributo genera una recaudación estimada entre $4 billones y $5 billones anuales, cifra equivalente a entre 0,4% y 0,5% del PBI.
La propuesta a los gobernadores contempla que, a cambio de adherir a regímenes de inversión como el RIGI, la Nación compense el 50% de la recaudación resignada por Sellos, mientras las jurisdicciones absorben la otra mitad con su eliminación definitiva.
Caputo reveló que ya iniciaron los primeros contactos con mandatarios provinciales, asumiendo que el esquema implicará un costo fiscal extra para las cuentas del Tesoro nacional.
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