Los medicamentos en Argentina son más caros que en España y Estados Unidos
Cada tanto, un abuelo sale llorando de una farmacia por no poder pagar sus medicamentos. Por reiterada, la imagen no deja de estremecer. El índice de pobreza del 52,9% (que equivale a 25 millones de argentinos), anunciado por el INDEC para el primer semestre del año, explica esa y otras postales de 2024.
Rubén Sajem, director de CEPROFAR (Centro de Profesionales Farmacéuticos), reveló: “la caída de recetas (las que se dejan de comprar) entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024 alcanzó al 15%. Es muchísimo. En agosto de 2024 se dispensaron 51.850.000 unidades, en agosto del año pasado 61.010.000 millones. Es decir, hay una caída de 9.160.000 unidades, de las cuales el 70% corresponde a medicamentos recetados. Cuando decimos unidades hablamos de envases para un tratamiento. Son cerca de 10 millones de tratamientos caídos”.
De acuerdo a su testimonio, es más grave en medicamentos recetados a través de PAMI: “Lo que están diciendo las farmacias de distintos puntos del país es que los medicamentos que perdieron la gratuidad, y el jubilado tiene que pagar un porcentaje, no lo lleva”.
La cifra contrasta con la noticia de la facturación de la industria farmacéutica argentina, que en el mismo período alcanzó los 3.080 millones de dólares, un incremento del 332,9% respecto a igual período de 2023, según informó la agencia EFE en base a fuentes oficiales.
En el Gobierno están preocupados por los altos precios de los medicamentos y la dispersión que existe entre los diferentes laboratorios. Lo suele repetir Federico Sturzenegger, que impulsa medidas para desmantelar el lobby de los laboratorios: “El Omeprazol genérico sale 3 mil pesos y una marca no genérica vale alrededor de 23 mil”. Aunque según señala Sajem, “si hablamos con propiedad, en Argentina no hay medicamentos genéricos. Todas son marcas. Algunos laboratorios las hacen conocer más”.
Y lo explica: “Los laboratorios argentinos, en general, no producen medicamentos innovadores. Es una falla de la industria: son copias de otros que eran originales y por el tiempo transcurrido han vencido las patentes y los puede producir cualquiera. Por ejemplo, el Ibuprofeno entró en uso en 1969, hace 55 años. Hay 36 marcas de Ibuprofeno en el país, con una diferencia de precio mayor al 300%, de 1.500 pesos a 7.000. Y siempre, la que más se usa es la más cara. El Omeprazol entró al mercado en 1979, hace 44 años. No es una innovación. Y hay 30 marcas. El más caro cuesta 21 mil pesos. El más barato, 3 mil. Hay un 800% de diferencia. Y el médico receta la primera porque es de un laboratorio muy conocido. Hay un abuso de la posición dominante a través de las técnicas de marketing, que unos laboratorios pueden manejar mejor que otros. Nosotros en la farmacia se lo podemos cambiar a la gente, le decimos que hay uno más económico, pero el paciente casi siempre se atiene a lo que le indica el médico. Revertirlo exigiría una presencia muy activa de la autoridad sanitaria”.
El directivo farmacéutico señala que el motivo de dicho comportamiento es que “quienes tienen menos información sanitaria, en el caso de los productos de venta libre, compran la marca que ven en la publicidad. Y lo mismo el médico, receta al laboratorio que más lo visita. Evidentemente hay métodos de inducción, porque no hay medicamentos de distintas calidades en Argentina. Podrán decir que aunque tengan el mismo principio activo, tienen distintas características de biodisponibilidad, más aceptación en el organismo. Pero no todos los laboratorios tienen hechos esos análisis, por eso viven pidiendo prórrogas al ANMAT para no hacer esos estudios clínicos en pacientes, porque son caros. Entonces el médico no se apoya en una mejor calidad, sino en una mejor difusión de la marca, las que tienen mayor publicidad y propaganda. Es la realidad”.
Además, Sajem deslizó a los colegas de Infobae un dato revelador sobre la forma en que se manejan los recetarios en el país. Si realmente se quisieran bajar los precios, la diferencia entre lo que recetan los médicos y los medicamentos que usan las clínicas privadas y hospitales públicos para los mismos pacientes también resultan un escollo: “Los mismos médicos, cuando trabajan en una institución hospitalaria, a los pacientes internados le dan el medicamento más barato, ahí lo aceptan. Pero cuando recetan para que el paciente vaya a la farmacia, lo obligan a pagar el más caro. Hay una distorsión ahí, mucho para corregir”.
En Argentina, el salario mínimo mensual asciende a $268.056, en Perú a 1025 soles ($338.434,5 —convertido con el valor del dólar libre a 1230 pesos—), en España 1.323 euros ($1.817.927,7), en Colombia 1.462.000 pesos colombianos ($ 432.898,5) y en los Estados Unidos USD 1.508 ($1.854.923). De acuerdo al relevamiento que hizo Infobae en Argentina, Perú, España, Colombia y los Estados Unidos, en la mayoría de los casos los medicamentos son muchísimo más caros en nuestro país, según el cuadro que abre esta nota.
Los casos más extremos son el Omeprazol, que aquí se comercializa a 25.997 pesos y es un 680,1% más caro que en España, y el Bisoprolol, que en Argentina cuesta 36.119 pesos y supera en un 1.011,9% el precio de las farmacias españolas. En los 10 medicamentos que integran la canasta consultada, sólo el ibuprofeno fue un 16,1% más barato que en Colombia; el paracetamol un 30,9% más económico que en los Estados Unidos, la amoxicilina fue un 1,2% más cara en Argentina y un 67,1% en Colombia; y en el enalapril hay una diferencia del 10,5% con el que se vende en Colombia a favor del argentino. En el resto de las 31 comparaciones, en nuestro país hay que pagar más por los medicamentos.
Un informe de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) firmado por Gerardo Esteban Gómez Santiago y Guillermo Oglietti reveló la situación que se vivió en América Latina con el costo de los remedios durante la pandemia. Ellos presentaron un análisis comparativo en una región donde el gasto en salud representaba —en esa fotografía de 2020 y 2021—, el 6,6% del PBI, y el gasto per cápita ascendía a 1.026 dólares. Allí se mencionaba que casi el 8% de los hogares gastaban más del 10% de su ingreso en gastos sanitarios, lo que ocasionaba que el 1,7% de la población cayera debajo de la línea de pobreza.
Desde la perspectiva de Argentina, el informe revelaba algunas conclusiones preocupantes sobre el acceso a medicamentos y su impacto económico en la población:
En primer lugar, mencionaba que nuestro país se encontraba entre aquellos con los precios más altos de la región. La canasta hipotética de medicamentos en Argentina era un 26% más cara que el promedio latinoamericano, lo que afectaba directamente el poder adquisitivo y la capacidad de acceso a tratamientos esenciales para la población.
En segundo lugar, calculaban las horas de trabajo que se necesitaban en nuestro país para adquirir medicamentos. Y el resultado era que los argentinos necesitábamos trabajar 4 horas más que el promedio regional para cubrir la canasta básica de remedios.
Además, mencionaba que la baja capacidad adquisitiva de medicamentos en Argentina se debía tanto a los precios elevados como a los salarios bajos. La mitad del problema (51%) la atribuían a los altos precios de los medicamentos, mientras que la otra mitad (49%) se relacionaba con salarios insuficientes.
Y por último, señalaba que la regulación de precios de los medicamentos en nuestro país era limitada a pesar que en 2002 se implementó la Ley de Prescripción por Nombre Genérico. Esto redujo los precios en su momento, pero no cambió en forma notable los hábitos de consumo, prescripción o las estrategias comerciales de los laboratorios. Como resultado, según la CELAG, solo el 3% del mercado está compuesto por medicamentos genéricos sin marca, y muchos de los medicamentos genéricos son comercializados con marca, manteniendo precios elevados.
Los argentinos —concluían— se encuentran en una posición desventajosa en términos de acceso a medicamentos asequibles en comparación con otros países de la región.
De acuerdo a Sajem, esto se explicaría porque “otros países de la región no tienen la industria farmacéutica que tiene Argentina. Por ejemplo, Uruguay importa todos sus medicamentos. Chile tiene una industria mucho más limitada. Lo que encontramos aquí es que existe una gran diferencia de precios entre distintas marcas del mismo medicamento”.
Sajem cuenta que en el 2002, antes de la promulgación de la Ley 25649 de promoción de la utilización de medicamentos según su nombre genérico, el panorama con respecto a quienes no podían adquirir medicamentos recetados era mucho peor: “Había un 50% de recetas caídas, contra el 15% de hoy. En aquel momento tuvo mucho efecto el genérico, pero hay que hacer una salvedad. En Argentina no hay genéricos, son marcas de laboratorios poco conocidos que compiten por precio”. Y subraya que los medicamentos genéricos han sido una solución para aliviar el bolsillo de los pacientes en muchos países: “En el mundo se impusieron en distintos lugares como España, Europa Oriental, inclusive Estados Unidos. Allí, grandes laboratorios como Sanofi, GSK (Glaxo Smith Kline) o Pfizer tienen sus propias marcas de genéricos. Por ejemplo, la de Pfizer es Greenstone, tiene amoxicilina Greenstone. Avalan al genérico. Pero acá uno pide una amoxicilina y le dan la marca más conocida. Y un medicamento que tiene 40 o 50 años en el mercado no se debería vender imponiendo la marca, en cierta forma es un engaño. El médico debería recetar amoxicilina, el farmacéutico darle las 30 opciones y el paciente elegir, pero eso por lo general no sucede.
Sobre la posible “inducción” de los laboratorios sobre las farmacias a vender ciertos productos en detrimento de otros, Sajem defiende a su sector: “El farmacéutico, con los laboratorios menos conocidos, puede negociar las condiciones: dan más facilidad de pagos, de financiación. Con los de marcas no hay posibilidad, la farmacia tiene un margen de ganancia mucho más chico. No es que le conviene el de marca porque es más caro. Y también está la sensibilidad social que tenga. A la gente no se la puede hacer pagar un ibuprofeno a 7.500 pesos cuando por 1.500 puede obtener el mismo producto”.
Por último, Sajem señala la conveniencia de poner precios de referencia. “El gobierno anterior lo intentó. Cuando se toman esas iniciativas, como por ejemplo si un medicamento está entre 2.000 y 20.000 pesos ponerlo a 4.000, los laboratorios enseguida se sientan a conversar. Todas son estrategias de regulación que preocupan mucho a los laboratorios. Son medidas que no se toman en forma extrema porque los gobiernos tampoco quieren quedarse sin industria farmacéutica”.
Hoy, indica, “en Argentina no se toma ninguna de ellas. Ni siquiera la más básica, que es conversar con los laboratorios para acordar que los precios no aumenten por encima de la inflación, y que si están un 3% arriba, al mes siguiente estén el 3% abajo”.