Los fiscales Piérola y Dato pidieron dos años de prisión condicional para Allende
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de dos años de ejecución condicional para el ex diputado provincial y líder de UPCN Entre Ríos, José Allende, en la causa por el delito de amenazas coactivas contra el periodista Martín Carboni.
El juez a cargo del juicio es el vocal Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gustavo Pimentel; el Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Álvaro Piérola y Leandro Dato; los abogados defensores de José Allende son Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi.
El juicio por amenazas que enfrenta estos días el jefe sindical de UPCN se remonta a mayo de 2017, cuando Allende usó en una entrevista radial una comparación con el caso del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, para amedrentar al periodista Martín Carboni, quien había publicado diversas notas críticas del entonces diputado provincial justicialista en su portal Noticia Uno.
La referencia al crimen por cuya autoría intelectual fue sindicado el empresario Alfredo Yabrán, quien posteriormente se suicidó, fue expresada en aquella entrevista por Allende mediante una “advertencia” al gobernador, Gustavo Bordet, sobre que “algún alcahuete” adoptara contra Carboni “medidas” como las que tomaron “los alcahuetes de Yabrán”.
Textualmente, Allende dijo: “Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo”.
En la audiencia de este martes, cuando comenzó el juicio, Allende intentó aclarar su expresión y apuntó contra el ex secretario General de la Gobernación y actual senador nacional, Edgardo Kueider, mano derecha del gobernador Bordet. El sindicalista declaró ante el juez: “Fue horrible la frase que dije. Fue fruto de todo ese momento que estábamos viviendo” en el marco de la discusión paritaria de los estatales con la Provincia.
Y explicó que cuando aludió al caso Cabezas quiso referirse a “los alcahuetes” del gobernador, y entre estos ubicó a Kueider, “que operaba para debilitarnos en la negociación salarial. Por eso hablé de alcahuetes del gobernador”, publicó UNO.
El ex legislador provincial del Partido Justicialista y mandamás de UPCN hace más de dos décadas batalla a través de sus abogados en Tribunales para evitar el banquillo de los acusados en otros juicios orales y públicos por diversas causas que lo tienen procesado: por amenazas en contexto de violencia de género contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez; por enriquecimiento ilícito y por negociaciones incompatibles con la función pública.
El paquete de delitos que se estaba por cerrar en el abreviado se repartió en expedientes individuales. Desde el rechazo del abreviado a mediados de 2020, la defensa del jefe de UPCN insistió en varias instancias judiciales por resolver las causas con aquel procedimiento, pero las apelaciones, quejas y distintos recursos de sus abogados fueron siempre repelidos, incluso por el Superior Tribunal de Justicia.