Los empresarios entrerrianos involucrados por Bonadio
Mario José Maxit, Daniel Claudio Pitón, José Luis Pitón, Luis Losi, empresarios entrerrianos de la construcción están incluidos en la larga lista de más de 100 empresarios de todo el país procesados por el juez federal Claudio Bonadio como corolario de la investigación que se abrió luego de que se conocieran las anotaciones del exchofer de Roberto Barata, Oscar Centeno.
En enero último, Bonadio ya los había allanado, y el caso tuvo repercusión en Entre Ríos. La medida judicial del juez Bonadio es consecuencia de los datos aportados por Ernesto Clarens, exfinancista de la familia Kirchner, y su famosa planilla de Excel en la que están nombrados varios empresarios, entre ellos cuatro de la provincia de Entre Ríos: Codi SA, Lemiro Pietroboni SA, cuya sede central está en JJ Bruno 2725, de Concepción del Uruguay; Luis Losi Construcciones SA, con sede en Paraná, y la empresa Eleuterio Pitón SA, que tiene su cuartel general en Rivadia 50, de Gualeguay.
Ahora, el juez Claudio Bonadio dictó los procesamientos por la causa de la cartelización de la obra pública, un caso que busca determinar si las empresas que fueron adjudicatarias de contratos entre 2003 y 2015 integraron una asociación ilícita.
En otro fallo similar, también procesó a la expresidenta Cristina Kirchner y otro grupo de empresarios por las coimas que se habrían pagado para obtener las concesiones de peajes. En esa causa, algunos de los empresarios involucrados recibieron la falta de mérito, entre ellos Gianfranco Macri, hermano del presidente.
Franco Macri, el padre del presidente, había sido llamado a declarar en esta investigación, pero por su estado de salud no pudo hacerlo y falleció poco después. El fallo declaró extinguida la acción penal para el expresidenta Néstor Kirchner: sobreseído por su fallecimiento.
Cristina Kirchner ya está procesada como jefa de una banda que recaudó con los negocios del Ministerio de Planificación en los viajes que hizo para Roberto Baratta el chofer Oscar Centeno. El caso irá a juicio oral. Pero lleva adelante varias causas paralelas que nacieron o se activaron después del expediente por las anotaciones de Centeno, entre ellas una por la cartelización de la obra pública y otra por coimas que habrían pagado las compañías beneficiadas por las concesiones viales. Esos dos expedientes se originaron por los dichos de arrepentidos en la causa principal.
Esta causa, conocida como la cartelización de la obra pública, comenzó por los dichos de arrepentidos. Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo.
Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.
Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera ecretario privado de Néstor Kirchner.
Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que – según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.
José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Más tarde, volvió a declarar vinculando a los empresarios.
La expresidenta había dicho en su declaración que en esta causa se daban las mismas irregularidades de la “causa de las fotocopias”, en donde “no se realizó sorteo alguno para designar al juez que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado”.