Los contadores Pérez y Faure seguirán con prisión preventiva
La jueza Carolina Castagno confirmó la prisión preventiva por 90 días para los contadores Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure, imputados en la causa donde se investigan irregularidades en contrataciones de personal en la Legislatura durante los últimos diez años. Ambos permanecen detenidos en la cárcel de Paraná. La novedad es que los defensores recusaron a la fiscal Cecilia Goyeneche.
Los contadores Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure, imputados por el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura, continuarán detenidos en la Unidad Penal Número 1 de Paraná.
La jueza Carolina Castagno rechazó la apelación presentada por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de Pérez, y Leopoldo Cappa, en representación de Faure; y confirmó la prisión preventiva por 90 días que se dictó el 22 de noviembre.
Sin embargo, la novedad estuvo dada por la confirmación de los abogados de que presentaron formalmente una recusación contra Cecilia Goyeneche, luego de que El Diario revelara que la fiscal anticorrupción aparecía como socia de un fideicomiso para la construcción de un edificio junto con el contador Pedro Opromolla, integrante de uno de los estudios investigados por las contrataciones irregulares que generó un perjuicio a las cuentas públicas que se ha estimado en unos 2.000 millones de pesos.
Goyeneche no ha contestado formalmente el planteo defensista, pero en la audiencia negó la imputación y dijo que formaba parte de una embestida en su contra.
Castagno dijo que la resolución que dispuso la prisión preventiva “es inobjetable” y ratificó que Pérez y Faure “pertenecen al poder” y, por lo tanto, tienen capacidad de entorpecimiento de la investigación.
También mencionó la complejidad de la investigación, la gravedad del delito que se les atribuye a los contadores, que se trata de “un hecho de gravedad institucional” y que ha sido perpetrado por “una organización criminal afincada en un poder del Estado, como es la Legislatura”.
Dijo la jueza -según Página Judicial- que la sustracción de una suma estimada en 2.000 millones de pesos en los últimos diez años constituye “un escándalo del que forman parte funcionarios públicos y particulares” e incluso “algunos de los involucrados todavía permanecen en el ejercicio del poder”, como lo reseñaron los fiscales Goyeneche e Ignacio Aramberry.
“No se puede hablar de legitimidad de los contratos que hoy son puestos en tela de juicio porque se valieron de la necesidad de las personas”, enfatizó la magistrada. Para hacerlo, la organización delictiva había creado un sistema de recaudación fraudulento mediante el cual se realizaban contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban entre 1.500 y 2.000 pesos y se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener obra social.
Las defensas
Leopoldo Cappa aseguró que Faure “no ha entorpecido la investigación”. El juez cree lo contrario porque cuando se produjo el allanamiento en el estudio ubicado en calle Alameda de la Federación las oficinas habían sido vaciadas. Eso quedó expuesto en los videos de las cámaras de seguridad del edificio. El defensor sostuvo que Faure no aparece en las filmaciones y puso en duda la legalidad con que se obtuvo esa prueba.
Incluso cuestionó que en los días que pasaron entre el 25 de septiembre en que se produjo la “mudanza” y el 3 de octubre en que Faure fue detenido los fiscales “lo dejaron en libertad para ver si mágicamente los llevaba a un bunker” donde se hubiera escondido la documentación retirada del estudio.
En otro tramo de su alegato, el defensor se quejó de que “se consideró que (Faure) obstaculizaba el proceso, cuando otros sindicados, en la misma situación, no fueron inhibidos, no imputados, ni están presos, están en su casa, ejerciendo la profesión”. La mención alude a la situación del contador Opromolla.
A su turno, Cullen consideró que la prisión preventiva del contador Pérez “viola flagrantemente la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y los pactos internacionales, e ingresa en un turbio camino hacia sentencias netamente arbitrarias, que adquieren gravedad porque privan de la libertad a las personas”.
Dijo además que no se había probado la vinculación de Pérez con la organización delictiva y puso en duda la imparcialidad del juez José Eduardo Ruhl al señalar que “debió fallar en base a lo que se mostró en la audiencia”, pero en lugar de ello se valió de elementos de prueba que no habían sido exhibidos por los fiscales, sugiriendo que conocía de antemano el expediente, algo que le está vedado por el Código Procesal Penal de Entre Ríos.
Mensajes en celular
Los fiscales respondieron con una minuciosa exposición de las pruebas que, a su juicio, comprometen a Pérez y Faure. Aramberry enumeró datos obtenidos en las computadoras, libros contables, documentos, cuadernos, correos electrónicos, intercambios telefónicos y un sinfín de elementos relativos a la contratación de personas en la Legislatura.
“Pérez era el organizador de todo esto y no podemos ser tan ingenuos de pensar que no tuvo intervención en la mudanza del estudio”, sostuvo Aramberry. “Presumimos que en esa oficina había información que interesaba a la Fiscalía y que ha sido sustraída”, acotó. Eso se tomó como un factor de entorpecimiento de la investigación.
En esa misma línea detalló un intercambio de mensajes entre Pérez y Hugo Mena el 21 de septiembre, en las horas posteriores al allanamiento en su casa, donde el contador se interesa por el tipo de documentación que la Policía pudo haber secuestrado y termina aconsejándole a Mena que esconda su teléfono celular, algo que para los fiscales constituye otro acto de entorpecimiento de la investigación, describió el reconocido colega Federico Malvasio.