Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner ratificaron dudas sobre la imparcialidad de la jueza Capuchetti y procedieron a una polémica solicitud a la Justicia
La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga el intento de atentado en su contra, informaron fuentes judiciales. Los abogados de la querellante solicitaron ante el juez Leopoldo Bruglia, que la audiencia prevista para este jueves sea televisada.
Se trata de una recusación planteada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes manifestaron dudas sobre la imparcialidad de la jueza luego de que trascendiera que realiza labores académicas a través de un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires.
El pasado 9 de enero, Fernández de Kirchner volvió a presentar un pedido de recusación contra la jueza Capuchetti, quien instruye la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, señaló ese día la exmandataria en sus redes sociales.
Entre los fundamentos de la presentación, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes representan a la Vicepresidenta, sostuvieron que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA”.
“Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”, indicó el texto.
Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como “irregularidades y arbitrariedades” cometidos por la jueza “desde el primer día” de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.