El gobierno de Reino Unido oficializó este martes una guía para personas y firmas privadas y anunció que brindará asistencia ante las sanciones que promueve Argentina contra empresas en Malvinas.
El documento, denominado “Hacer negocios con las islas Malvinas”, confirma que la administración británica avala plenamente la actividad económica en el archipiélago y considera totalmente legítimo que operen en el sector de los recursos naturales.
La publicación de este manual se dio a conocer luego de que la gestión de Javier Milei formalizara un paquete de penalidades más severas contra compañías foráneas que realizan actividades en las islas usurpadas.
El rechazo de Londres a la jurisdicción nacional
En el texto oficial, la corona califica a las islas como un “territorio británico de ultramar” y asevera no tener dudas sobre su pretendida soberanía marítima y territorial.
En ese sentido, el documento británico remarca una postura tajante: “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Malvinas. El derecho interno argentino no se aplica dentro de las islas”, sostuvieron.
Al mismo tiempo, ratificaron que no habrá ningún tipo de negociación bilateral salvo que los propios habitantes del enclave colonial así lo resuelvan, justificando su control ininterrumpido desde 1833.
Asistencia y amparo para la explotación de recursos
La guía está orientada a todas las corporaciones que apunten a prestar servicios o participar directa o indirectamente en el circuito comercial isleño, incluyendo de lleno el rubro de los hidrocarburos.
Frente a las intimaciones enviadas desde Buenos Aires, el gobierno británico sentenció que el país no tiene potestad para aplicar normas locales y que no existen fundamentos para que tribunales extranjeros reconozcan dichas sanciones.
La respuesta del Gobierno argentino
La posición británica responde a la estrategia del presidente Javier Milei, quien ratificó el uso de herramientas legales y diplomáticas para salvaguardar la plataforma marítima argentina.
En esa línea, el canciller Pablo Quirno advirtió que unas 180 firmas comerciales deberán definir si continúan operando en el territorio continental o si eligen quedarse en las islas bajo riesgo de ser penalizadas.
Hasta el momento, la Cancillería concretó notificaciones a 45 personas físicas y jurídicas en una primera etapa, a las que luego se sumaron otras 15 compañías.
Asimismo, el vocero Adrián Ravier confirmó que ampliarán las presentaciones judiciales contra petroleras en la cuenca austral, pero evitó detallar los nombres de las nuevas firmas denunciadas.
Esta escalada diplomática coincide con el despliegue bélico de Londres, tras confirmarse el reemplazo de 4 cazas Typhoon por unidades dotadas con moderna tecnología de la OTAN.
