Mientras en el fútbol Ruben Darío Insua devolvió algo de tranquilidad y entusiasmo a los hinchas con su regreso a la dirección técnica, San Lorenzo enfrenta un reclamo millonario en la disciplina básquet que revive los peores fantasmas económicos de gestiones pasadas.
Se trata de un conflicto judicial originado años atrás con Ramón Clemente, el exjugador estadounidense nacionalizado puertorriqueño que reclama una cifra total de $766.459.966,24.
La presentación judicial tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, donde la cifra exigida por el ala-pivote prácticamente triplica el piso de ejecución firme que ya posee la causa.
Clemente arribó al club en enero de 2019, bajo la presidencia de Matías Lammens y la vicepresidencia de Marcelo Tinelli. Su paso por la institución se extendió únicamente hasta octubre de aquel año, momento en el que se firmó una desvinculación por un monto ampliamente inferior al actual, pero el compromiso de pago nunca fue saldado por la dirigencia.
Incumplimientos y fallos judiciales
Ante la falta de respuestas, el deportista recurrió a los tribunales en 2021 y cosechó fallos favorables en primera y segunda instancia. Pese a que el CASLA acordó un nuevo plan para extinguir la deuda, ese segundo compromiso tampoco fue cumplido por la institución.
Esa cadena de faltas explica la disparada del monto final. El expediente posee un piso de ejecución firme fijado en $232.239.825,99, pero la impugnación del demandante escala hasta los $766.459.966,24 debido a la acumulación de intereses, costas y honorarios profesionales.
Documentos bajo la lupa
Desde los canales oficiales del club se informó que diversos instrumentos contractuales de la época llevan las firmas de Marcelo Tinelli y Fabián Scoltore, además del entonces mánager Pablo D’Angelo. En ese marco, la entidad remarcó que en las etapas procesales oportunas no se apeló a las herramientas legales para cuestionar la validez de dichos contratos.
Los reclamos públicos del basquetbolista datan de 2020, cuando retornó a Estados Unidos denunciando haberes impagos, y se reiteraron con fuerza durante 2022. A seis años de su partida, el conflicto se convirtió en una carga judicial que amenaza severamente la economía de Boedo.
