Lo de todos los miércoles: más gas lacrimógeno y represión contra los jubilados en el Congreso
La tradicional marcha de los adultos mayores de los miércoles volvió a ser reprimida bajo la aplicación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad y futura senadora, Patricia Bullrich. En las inmediaciones del Congreso de la Nación, efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal coparon la zona, triplicando en número a los manifestantes, que se expresaron con carteles donde reclamaban “no ser tratados como delincuentes por pedir lo que corresponde”.
Otra vez, miércoles y represión. Los jubilados que desde hace meses se concentran frente al Congreso para exigir aumentos en sus haberes, acceso a medicamentos y dignidad, se encontraron con un imponente despliegue de seguridad. El operativo, ordenado por Bullrich, dejó al menos un detenido.
Desde temprano, camionetas de Gendarmería y efectivos de la Policía Federal vallaron la Avenida Rivadavia entre Callao y Entre Ríos. Un triple cordón de seguridad cercó el Congreso, impidiendo el paso de transeúntes y periodistas. En la zona, el ambiente parecía más el de un desfile de fuerzas que el de una protesta pacífica de jubilados.
“Llegan Prefectura, Gendarmería y Policía Federal”, gritaban los manifestantes, repitiendo una escena que ya se volvió una costumbre. Entre bastones, pancartas y banderas, el reclamo fue el mismo: “Queremos cobrar para vivir, no sobrevivir”.
Hacia las 15:30, un grupo de manifestantes tiró parte de las vallas que bloqueaban la avenida. La respuesta fue inmediata: la Policía de la Ciudad reforzó el operativo, aunque no avanzó sobre los jubilados. No hubo dispersión, pero sí un mensaje claro: el espacio público está militarizado. Además, las fuerzas detuvieron a una persona en la Avenida Hipólito Yrigoyen, identificada como Luis Fernando Ochoa.
El Gobierno nacional sostiene la aplicación estricta del protocolo antipiquetes, incluso frente a movilizaciones pacíficas.
“Nos tratan como delincuentes por pedir lo que nos corresponde”, denunció un jubilado extrabajador ferroviario, que participa de la ronda cada semana.
Mientras los haberes mínimos rondan los 300 mil pesos y la canasta básica supera el millón, el ajuste se siente con crudeza entre los adultos mayores.
“Los miércoles nos reprimen, pero volvemos igual”, afirmó otra manifestante, alzando su cartel.