La decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, de limitar a seis meses los contratos de empleados estatales mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse, podría derivar en que muchos de ellos deban acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Actualmente, este beneficio representa el 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443, según consignó la Agencia Noticias Argentinas. Si bien garantiza cobertura de salud a través del PAMI, no contempla pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva.
La resolución establece que, para renovar estos contratos, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse en aquellos casos en que los trabajadores superen los 30 años de aportes al sistema previsional.
Hacia fines de 2024, los trabajadores contratados —no permanentes— representaban el 12,7% del total de la planta estatal, con cerca de 58 mil personas, cifra que luego descendió por la no renovación de contratos.
Sin embargo, una parte de los empleados alcanzados por la medida no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, lo que podría dejarlos sin empleo y sin posibilidad de completar los aportes necesarios.
En paralelo, casi 1.100.000 jubilados en Argentina continúan trabajando, lo que representa un 19% del total y un incremento del 60% respecto de hace una década.
Sin excepciones
La medida se aplica incluso en áreas donde el trabajador es el único técnico con experiencia específica o en dependencias que ya cuentan con dotaciones por debajo del mínimo necesario para su funcionamiento.
Meses atrás, mediante la Resolución 3/2023, se había intimado a jubilarse a 10.000 empleados públicos que cumplían las condiciones, de los cuales 6.800 pertenecen a planta permanente.
Esta disposición se enmarca en un proceso de modificaciones estructurales del sistema previsional.
La dotación total de personal de la Administración Pública Nacional (APN) cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2%, impulsada por la gestión de Javier Milei.
Según datos del Centro CEPA, se recortaron aproximadamente 63.234 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 18,4% en la planta del Sector Público Nacional, equivalente a casi 80 personas por día.
En términos absolutos, los mayores recortes se registraron en empresas y sociedades del Estado, seguidas por organismos descentralizados y centralizados. En términos proporcionales, el ajuste impactó con más fuerza en la administración centralizada.
Moratorias previsionales
El año pasado, el Poder Ejecutivo resolvió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la Ley 27.705, que permitía jubilarse a personas sin los 30 años de aportes mediante la regularización de períodos no aportados.
Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social significativo.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”.
“Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento el Gobierno presiona a los trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, sostuvo.
El dirigente también vinculó esta medida con otras políticas oficiales que, según afirmó, afectan al empleo estatal. “A esto se suma la amenaza de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete, la falta de convocatoria a paritarias y salarios cada vez más deteriorados”, enumeró.
