El fiscal de menores Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó este miércoles una apelación contra el fallo de la jueza Marta Pascual, que suspendió la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires.
En su presentación, el representante del Ministerio Público advirtió que “la decisión ocasiona un gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad en tanto, mediante una acción de hábeas corpus, se dispone la suspensión general de una ley nacional regularmente sancionada, promulgada y entrada en vigencia, sin que se haya acreditado la existencia de un acto u omisión concreto, ilegal o arbitrario, que produzca una afectación actual o inminente de la libertad personal de los adolescentes comprendidos en la acción”, remarcando así el carácter excepcional del instrumento utilizado.
En ese sentido, Ceruti agregó que, a su criterio, el fallo avanza sobre atribuciones ajenas al Poder Judicial. “Además entiendo humildemente que la decisión tomada por la Sra. Juez se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes y la forma Republicana de Gobierno”, subrayó.
Una ONG amplía la presión judicial contra Pascual
El recurso del fiscal se suma a la denuncia penal presentada por la ONG Usina de Justicia, creada por Diana Cohen Agrest, contra la jueza Marta Pascual por el mismo motivo vinculado a la suspensión de la Ley 27.801.
En esa línea, el abogado de la organización, Fernando Soto —exasesor de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad—, celebró la apelación. “El Fiscal sostuvo exactamente los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la Juez no se basó en pruebas ni informes sino en una hipótesis de futuro (futurología), ‘extralimitándose en sus funciones y avasallando la división de poderes Republicana'”, aseguró Soto al analizar el nuevo movimiento judicial contra la magistrada.
La ONG realizó dos presentaciones judiciales contra la decisión que suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. Por un lado, solicitó intervenir como amicus curiae en el hábeas corpus que dio origen a la medida y, en una actuación separada, formuló una denuncia penal contra la jueza Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Esa figura de amicus curiae le permite a la ONG —que no es parte directa del juicio— acercar al tribunal argumentos y consideraciones técnicas, que podrían ser tenidos en cuenta o no al momento de la decisión judicial, en el marco del debate por la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia.
Cómo fue la suspensión de la Ley Penal Juvenil en Provincia
La decisión de suspender la nueva Ley Penal Juvenil en territorio bonaerense fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Pascual, en la causa 40881-HC, “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”.
Además de ordenar ese freno, la magistrada convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que autoridades de la Provincia de Buenos Aires deberán informar sobre las medidas adoptadas y previstas para su implementación. La ONG Usina de Justicia también pidió poder participar de esa reunión, en línea con su estrategia de intervenir en todas las instancias del expediente.
La resolución no derogó ni anuló la Ley 27.801, que entró en vigencia esta semana, sino que dispuso temporalmente que no sea aplicada en la provincia de Buenos Aires, mientras se analiza el impacto de la normativa en los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen penal juvenil.
