Las prepagas proponen devolver un 24% en 12 cuotas y que los precios se vuelvan a liberar en octubre
En el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, se reunieron representantes de 41 prepagas además de las dos partes actoras en nombre del Gobierno: la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Industria y Comercio.
La participación de última hora de la dependencia del Ministerio de Economía, aceptada por el juez Juan Rafael Stinco el viernes por la noche, sorprendió a algunas prepagas mientras que otras lo consideraron “razonable”. Comercio pidió su integración al encuentro al considerar que lo que se resuelva en la audiencia podría afectar la acción por ‘cartelización’ que lleva esa repartición por cuerda separada.
Si bien el artículo 125 del Código Procesal Civil y Comercial prevé que la audiencia sea pública, bajo pena de nulidad, Stinco manifestó antes de comenzar la reunión -lo que finalmente ocurrió poco antes de las 11- que no dejaría ingresar a los medios de comunicación “por falta de espacio” y por otra razón: “Estamos trabajando”.
La pregunta de los protagonistas en la previa del encuentro en el Juzgado 3 -que a contrapelo de la virtualidad corriente se decidió que sea presencial- era sobre la dinámica que tendría este debate que se presumía complejo. Y lo fue. Todas las empresas tenían algo para decir y los matices entre unas y otras en cuanto a su capacidad financiera no son menores.
Ante ese panorama, Stinco les dio a las empresas un espacio inicial para que trataran de consensuar una propuesta común. Mientras eso sucedía en la sala del Consejo de la Magistratura, en el segundo piso de Libertad 731, el juez mantuvo una reunión aparte en su despacho del cuarto piso con los representantes de la Superintendencia y de Comercio.
Después de las 13, según trascendió, las prepagas había llegado a un acuerdo entre ellas para poder avanzar en un acuerdo con el juez. “Hicimos una propuesta de pago y quita y estamos esperando que lo discutan”, dijo a Clarín una fuente que participaba de la audiencia.
La propuesta consistió en una devolución de dinero del 24 por ciento en 12 cuotas, lo que daría un descuento del 2 por ciento sobre esas cuotas futuras. “O lo que dé la mitad del excedente de lo cobrado por encima de la inflación”, señalaron, con lo que ese número podría tener alguna variación. Y para los que se acogieron al RIPTE, en tanto, se propuso que la devolución sea en tres cuotas. Además, se planteó que a partir de octubre las cuotas vuelvan a quedar liberadas (ya no atadas al IPC).
Para que ese plan prospere debe tener el acuerdo de la Superintendencia y de Comercio. En principio, no lo aceptaría por considerar que la oferta es escasa. Al cierre de esta nota todavía no había habido una definición.
Además, desde el Gobierno dejaron trascender que las siete prepagas más grandes, acusadas por ‘cartelización’, habrían puesto como condición para un acuerdo que esa imputación el juez la desestime, por más que la misma no sea de su competencia sino de Comercio. Las prepagas niegan esa versión oficial. La prohibición de que la audiencia fuera pública permitió, precisamente, que estos trascendidos crecieran sin chance de confirmación.
El inicio de la audiencia se demoró por la gran cantidad de acreditados de las prepagas que debieron ingresar a la sala del Consejo de la Magistratura, con capacidad para 120 personas. “Uy, lo que va a ser esto. Yo hubiera alquilado Parque Norte”, ironizó uno de los participantes al llegar, en alusión a la gran cantidad de gente.
Hubo Magonza, nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud, dijo: “Nuestro planteo es que nosotros tenemos argumentos para demostrar que lo que ocurrió no sólo no fue una acción ‘cartelizada’, sino que fue una acción prudente del sector de no aumentar todo lo que tenía que aumentar, de ir haciéndolo de forma progresiva”.
La lista de prepagas convocadas a la audiencia de hoy estuvo integrada por OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.
A esas primeras 23 empresas incluidas en el expediente se sumaron la semana pasada otras 18: International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, COBENSIL, MEDIN S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Femedica, Asistencia Sanitaria Integra. S.A., Bristol Medicine, Asociación Civil de Estudios Superiores, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Todavía es una incógnita, también, que pasará con las decenas de prepagas pequeñas que por ahora no han sido incluidas en la cautelar, lo que concita la preocupación de sus afiliados. Mientras desde una cámara que agrupa a algunas de esas empresas dijeron a este medio que respetarán igual, voluntariamente, lo que se decida tras la audiencia, hay otras compañías que -según testimonios de afiliados- se considerarían ajenas a todo imperativo legal, con libertad para seguir avanzando por el carril del desamparo.