La Unión Tranviarios Automotor (UTA) le advirtió al Gobierno nacional que “la paz social peligra” y no descarta un paro de colectivos, en el marco de un reclamo por mejoras salariales y por el esquema de subsidios al transporte.
El planteo se formalizó a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual el gremio que conduce Roberto Fernández reclamó un aumento de sueldos a partir de mayo y exigió “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
Reclamo salarial y advertencia al Gobierno
En el escrito, la UTA pidió a la cartera que encabeza Luis Caputo que “trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” vinculadas al servicio de colectivos y a la situación de los choferes.
Aclaró, además, que “el pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año” y remarcó que el objetivo es “recomponer nuestros haberes”, pero que hasta el momento “no hay respuestas, solo dilaciones”, según subrayó el sindicato.
En este contexto de tensiones entre las empresas y el Gobierno nacional por la distribución de subsidios y la definición de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la UTA se ubicó en el centro de la discusión y advirtió que “la paz social peligra”.
El gremio denunció que “quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria” y cuestionó la política económica oficial: “Son sacrificados en el altar del superávit fiscal. La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es a qué costo”, planteó.
En otro tramo de la carta, la UTA reclamó que la consolidación del superávit “no se construya con nuestros salarios”, porque “entendemos que hay otras formas, los privilegiados son otros”. Y exigió al ministro Caputo: “Responda y resuelva”, al advertir que “los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros”.
Cambios en el esquema de subsidios al transporte
Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanzó con una nueva modalidad “para la distribución de compensaciones tarifarias”, a través de la resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco del proceso de “modernización y reestructuración” del transporte automotor que impulsa la gestión nacional.
Según explicaron desde el Gobierno, el nuevo esquema de asignación de subsidios no difiere sustancialmente del anterior, que se basaba en los costos e ingresos de las empresas concesionarias de las líneas de colectivos, aunque se anunció un refuerzo de los controles sobre el cumplimiento del servicio por parte de las compañías que perciben compensaciones.
Además, se indicó que el sistema ahora estará más orientado “a la demanda”, incorporando indicadores vinculados con la calidad del servicio, la regularidad y la consistencia operativa.
En esa línea, se tendrán en cuenta variables como el cumplimiento de las frecuencias, los kilómetros recorridos por las unidades, la antigüedad de la flota y las formas de cobro, entre otros parámetros.
El objetivo, remarcaron, es que “las empresas que mantengan niveles adecuados de operación y prestación puedan acceder a las compensaciones correspondientes”. La Secretaría de Transporte sostuvo que el esquema “busca priorizar el cumplimiento efectivo del servicio y promover mejoras continuas en su funcionamiento”.
Por su parte, el área dependiente del Ministerio de Economía señaló que la medida “apunta a mejorar la calidad y previsibilidad del servicio para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos disponibles”, incorporando “herramientas de seguimiento y evaluación destinadas a reforzar las frecuencias y las condiciones generales del sistema de transporte público”.
