La suba del gas sería del 250%
El Gobierno ya definió el trazo grueso del aumento de las tarifas de gas previsto, en principio, para el 1° de marzo. Los nuevos cuadros tarifarios contemplan una suba promedio cercana al 250%, según indicaron fuentes empresariales y allegados al Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren.
Sin embargo, el viernes empezó a circular una versión que encendió la alarma en todas las compañías del sector: la línea política del Gobierno encabezada por Rogelio Frigerio habría sugerido diferir el alza de tarifas hasta después de la negociación paritaria con los principales sindicatos.
En el plano técnico, la recomposición de los esquemas tarifarios está muy avanzada. Tal como sucedió hace dos semanas con el negocio eléctrico, primero se actualizarán los precios mayoristas que reciben los productores del fluido. Para algunos usuarios, los valores en boca de pozo, tal como se conoce en la jerga al importe que cobran las petroleras se duplicarán.
Resta saber si el Enargas, el ente regulador del sector, ordenará su aplicación a partir del 1° de marzo o finalmente postergará su entrada en vigencia para descomprimir el escenario político hasta pasar las paritarias. “Está casi todo listo a la espera de la decisión final de Presidencia”, indicó el presidente de una gasífera.
La idea fuerza del Gobierno es recomponer el precio interno del gas para que los petroleras incrementen sus inversiones en la exploración de nuevas reservas. Se optará por alinear el mercado doméstico con los valores de importación.
El segundo paso es recomponer la rentabilidad de los segmentos de transporte y distribución de gas. Para TGN y TGS, que se reparten el transporte del fluido en el Norte y Sur del país respectivamente, se bosquejaron nuevos cuadros tarifarios que contemplan aumentos de entre un 100% y un 300% según el tipo de usuario. Para el segmento de distribución, la suba oscilará entre un 100% y un 140%. Con esos números en la mano, los privados calculan un incremento final en la factura de gas que promediará entre un 200% y un 300%.
La estrategia del Ejecutivo es de dos pinzas: por un lado, apunta a recomponer la rentabilidad de los productores para incentivar la perforación de pozos en yacimientos gasíferos más pequeños y que requieren otra tecnología a fin de reducir las millonarias importaciones del fluido.
En forma complementaria, el mandato fiscal pregona una reducción de los subsidios que inyecta el Estado en el sistema gasífero. Como las tarifas que paga la demanda no alcanzan a cubrir los costos del sistema, la mayoría del gas importado –en 2015 se gastaron US$ 3.600 millones para traer GNL y gas de Bolivia– se eroga mediante transferencias directas del Tesoro canalizadas a través de Enarsa. Aranguren cree que ese modelo está perimido. Por lo que a futuro los usuarios terminarán pagando tarifas para solventar esas operaciones.