La Sociedad Rural Argentina cuestiona intención de aplicar retenciones móviles para los alimentos
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, rechazó la intención de un sector del oficialismo de aplicar retenciones móviles para contener los precios de los alimentos, por entender que una medida así no tiene “sustento legal”.
“Las retenciones no tienen sustento legal y la inflación no es culpa de la suba de los alimentos”, sostuvo el dirigente. Así, Pino salió al cruce del diputado nacional por el Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien a a través de Twitter planteó la necesidad de profundizar el esquema de derechos de exportación.
“En los últimos días han vuelto a subir fuerte en el mercado internacional y local los precios del trigo, el maíz, la soja y el sorgo. Por más vueltas que sigan dando, sino le dan a Feletti la herramienta de las retenciones móviles segmentadas los alimentos seguirán aumentando”, sostuvo Moreau.
Pino le respondió también por Twitter: “Hoy las retenciones no tienen sustento legal y el Congreso es quien tiene que fijar los impuestos. La Sociedad Rural recurrió a la justicia por que se necesita un orden institucional. Los alimentos suben por la inflación y el precio de las materias primas no es determinante”.
En numerosas oportunidades, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se expresó a favor de aumentar las retenciones y crear fideicomisos para contener los precios en el mercado interno. Puntualmente, el funcionario pretende más retenciones para el maíz, el girasol y el trigo.
Hasta el momento, el Gobierno solo incrementó las alícuotas de 31 a 33% para la harina y el aceite de soja, con el objetivo de constituir un fideicomiso para subsidiar el precio de la harina para las panaderías.
En febrero, la Sociedad Rural Argentina había presentado un amparo en los Tribunales Federales de Córdoba para que cese el cobro de las retenciones, hasta que el Congreso Nacional determine sobre la cuestión impositiva.
La entidad argumentó que el cobro de las retenciones ya no es legal, porque el 31 de diciembre de 2021 terminó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, que no fueron prorrogadas.