La Salud entrerriana en crisis: hospitales y clínicas colapsados
ESPECIAL (por Francisco Pancho Calderón).- Clínicas y sanatorios privados, como hospitales públicos de Paraná están abarrotados de pacientes y en algunas instituciones hay dificultades edilicias, aparatología deficiente, personal reducido y hasta falta de insumos básicos. Ni hablar del tema prótesis. La situación es crítica pero NO es analizada en profundidad y mucho menos resuelta.
Asistir a una guardia médica es un caos. Sí, hay horarios EXCEPCIONALES, pero a lo largo de cualquier día se observan POCOS MÉDICOS y MENOS ENFERMERAS.
Más grave… Una atención humana que dista mucho de ser la ideal para, precisamente, una EMERGENCIA donde los damnificados precisan de quien los atiende un trato acorde a la coyuntura.
Lo que se dice COINCIDENTEMENTE en todo nosocomio, privado y público es “la Salud está colapsada” y a partir de esa consigna se reparten culpas de toda índole y calibre aunque la RESPONSABILIDAD SUPREMA se carga sobre el Estado.
Médicos y enfermeros del Estado, como administradores de Centros de Salud, Dispensarios, Hospitales, reclaman no solo aumentos salariales y mejoras en las condiciones profesionales, de modo primordial en lo que atañe a situación de Planta (estabilidad).
También exigen:
-reacondicionamiento de salas;
-reequipamiento/mantenimiento de aparatología (desde lo más elemental a lo más especializado, el rango de lo que falta es muy amplio);
-readecuar aprovisionamiento de insumos (material médico-quirúrgico);
-reacopio inmediato de material ortopédico;
-reparación/mantenimiento/readquisición de ambulancias, situación de choferes, repuestos, services, viáticos;
-reabastecimiento de productos farmacológicos;
-y hasta readaptación de provisión de cocinas para tributar regímenes o dietas alimentarias apropiadas a cada caso.
Los privados explican que todos sus avatares/vicisitudes se vinculan estrechamente a:
-problemáticas de Obras Sociales y Prepagas;
-abultadas deudas que el PAMI mantiene con el sector;
-irregularidades en lo que atañe a aranceles profesionales e institucionales pagados por las obras sociales;
-la constatación de un desfase pronunciado por el atraso presupuestario descomunal que hay en el valor de las prestaciones y aranceles profesionales.
En cada ámbito de la Salud entrerriana el reclamo es incesante y unísono:
-mayor presupuesto para la Salud Pública
-Mayor presupuesto para la Seguridad Social
-Aumento salarial con estabilidad laboral para todos los trabajadores de la Salud, Públicos y Privados
-Aumento de los aranceles profesionales e institucionales
-Disminución de la carga tributaria del sector
-Pago de las deudas que mantienen con las clínicas, odontólogos y bioquímicos las obras sociales, especialmente el PAMI.
Como muchas clínicas y sanatorios del interior provincial han desaparecido o debieron restringir sus servicios médicos para achicar costos, la demanda de la gente se ha traslado de manera directa a los establecimientos públicos.
Los hospitales y dispensarios municipales del interior han debido incrementar notablemente sus prestaciones y la infraestructura sanitaria pero estas inversiones no alcanzan porque cada vez son más los vecinos que no tienen otra opción que recurrir a ellos por la falta de dinero o de prestadores privados.
Sin hesitar que es IMPERIOSO, URGENTE acelerar las obras en el Nuevo Hospital con todas las dificultades funcionales que tienen estructuralmente los actuales efectores estatales.
De modo especial, el Gobierno debería comprender con suma sabiduría la situación de salubridad de sus salas, que de acuerdo al mismo Personal directores de los servicios afectados, han aumentado los riesgos de complicaciones en personas allí internadas.
Esta realidad lamentablemente no es nueva. Hace muchos años que los nosocomios de la Provincia, y en especial los capitalinos -por tantas derivaciones incesantes-, tienen una funcionalidad compleja y daría la sensación que el trabajo y planificación para garantizar la excelencia NO SERÍAN ADECUADOS.
No se pueden tener procesos de calidad sin una estructura que lo sustente, física y tecnológica. La atención de la Salud se ve sensiblemente condicionada cuando faltan los requisitos mínimos para la atención de calidad que todo paciente merece.
Por todo lo expuesto, la estrategia vinculada a las prioridades asistenciales debe desembocar en una profunda, acérrima REFORMA SANITARIA.
El “sistema” de salud de nuestro país no es un sistema, sino la superposición irregular del sector público estatal, de un sector paraestatal compuesto por el PAMI y los institutos de cobertura de empleados provinciales, un sector financiador privado y las obras sociales reguladas por ley.
La prestación efectiva de los servicios se realiza en una enorme proporción en instituciones médico sanatoriales privadas, la mayoría de las cuales se encuentra en una situación de quebranto, y que no tienen ningún ámbito para procurar soluciones.
Como ocurre con otros ministerios nacionales, el de Salud tiene mínimo involucramiento en la problemática del sector del que supuestamente está encargado.
Las prepagas discuten sus precios en la Secretaría de Comercio y las clínicas y sanatorios recurren a la Jefatura de Gabinete buscando interlocutores que no encuentran en las entidades responsables.
La crisis del sector es manifiesta. La miopía de los funcionarios y dirigentes está llevando a que la solución sea el síncope del sistema.
El precio de este desbarajuste lo pagan, como siempre, los ciudadanos de a pie titulares virtuales de derechos inexistentes.
Para garantizar el Derecho a la Salud el Estado está obligado a definir y asumir las Obligaciones que se reserva, las facultades que delega, las condiciones de esa delegación, las fuentes de financiamiento en cada caso y los mecanismos de control que aseguren el acceso a las prestaciones de todos los ciudadanos. Ese no es el caso en la actualidad por más que se promocione lo contrario en discursos de retórica engañosa.