El senador nacional Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet solicitaron este lunes una audiencia formal al gobernador Rogelio Frigerio para analizar el impacto fiscal que tendría la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, una iniciativa que —según advirtieron— haría perder a Entre Ríos y a sus municipios más de $81.000 millones en 2026.
El pedido pone sobre la mesa un tema incómodo para la Casa Gris: la adhesión tácita del gobierno provincial a un proyecto que licúa recursos provinciales mientras el gobernador predica orden y equilibrio fiscal puertas adentro. Según explicaron los legisladores, el problema central radica en el artículo 191 del proyecto de “Modernización Laboral”, que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, achica la masa coparticipable que reciben provincias y municipios.
De acuerdo a los números oficiales citados en la presentación, el Presupuesto 2026 prevé una recaudación por Ganancias de $48,4 billones, equivalente al 4,48% del PBI. De ese total, el 71% corresponde a sociedades, es decir, $34,3 billones. Sin embargo, la reforma reduciría ese monto a $31,7 billones, lo que implica una caída de $3,1 billones, equivalente a 0,3 puntos del PBI.
Los legisladores remarcaron que no se trata de una pérdida abstracta, sino de recursos concretos que dejarían de ingresar a las provincias. De ese recorte global, $1,7 billones afectarían directamente a los distritos subnacionales por el esquema de Coparticipación Federal.
En el caso puntual de Entre Ríos, el impacto sería severo: $81.265 millones menos en un año, lo que equivale a $6.772 millones mensuales que dejarían de llegar a las arcas provinciales y municipales. Un golpe directo a presupuestos locales que ya funcionan con lo justo, mientras el Gobierno provincial elige no confrontar con la Nación ni levantar la voz por los recursos entrerrianos.
En la nota elevada a Frigerio, los referentes del peronismo fueron claros:
“Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, solicitamos una reunión de carácter político a efectos de evaluar su posición en este tema y analizar alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos”.
Por ahora, la pelota quedó del lado del gobernador, que deberá decidir si defiende los intereses fiscales de la provincia o sigue acompañando en silencio una reforma que promete modernización, pero deja a Entre Ríos con la caja más flaca.
Fuente: El Entre Ríos
