Nueve años después de haberse iniciado el proceso, la quiebra de Austral Construcciones arrojó un cierre con saldo favorable: la firma liquidó sus principales activos, canceló la totalidad de los créditos verificados con intereses y dejará un remanente de al menos $1681 millones a disposición de la Justicia Penal Federal.
El dato oficial surge del Proyecto de Distribución de Fondos V, tramitado ante el Juzgado Comercial 28 que encabeza Pedro Manuel Crespo. El informe consignó que el activo liquidado asciende a $4.534.873.782, producto de remates de bienes e intereses de colocaciones a plazo fijo.
El dueño de la compañía, Lázaro Báez, cumple actualmente una pena única de 15 años de prisión aún no firme por lavado de dinero y fraude con la obra pública, a las que se suman otras condenas por causas conexas.
Entre los activos subastados se destacaron el inmueble porteño de Franklin D. Roosevelt 1780, propiedades en Río Gallegos, Tres Lagos y Comandante Luis Piedra Buena, además del Obrador Central y numeroso parque de maquinaria vial.
Con el producido de estas ventas, los liquidadores abonaron el 100% de las acreencias verificadas por proveedores, obras sociales, exempleados y el Estado, incluyendo los intereses devengados desde el inicio del proceso falencial.
Tras saldar los compromisos, se registró un excedente bruto de $2.473.528.833,20. Sobre ese total, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retendrá $792,3 millones por Ganancias, dejando un saldo neto estimado en $1.681.226.543,73.
La controversia por los honorarios profesionales
El monto final a transferir podría variar debido a una disputa arancelaria que debe resolver la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. La Sindicatura Liquidadora, a cargo del estudio Stupnik & Stupnik, apeló los $300 millones fijados en primera instancia y exigió el tope del 12%.
En total, el magistrado reguló $450 millones para los profesionales intervinientes, pero los reclamos acumulados pretenden alcanzar un techo de $544,2 millones, a lo que sumaron pedidos complementarios por $353,8 millones y $160,7 millones de otros letrados.
Los síndicos argumentaron que al estar cubierto el pasivo, limitar los honorarios beneficiaría únicamente a la empresa fallida generando “un enriquecimiento sin causa”.
Destino final en los tribunales federales
Independientemente del fallo sobre los aranceles, el remanente remanente será reintegrado formalmente a la fallida y puesto a disposición de los tribunales de Comodoro Py, donde avanzan los expedientes por lavado y enriquecimiento ilícito contra el empresario.
Por otra parte, la acción judicial para recuperar fondos retirados como dividendos no autorizados por Lázaro Báez y Martín Báez quedó suspendida. La suma original de 2016 rondaba los $147 millones, cifra que actualizada por inflación alcanzaría los $17.750 millones.
De esta manera, la definición de la Cámara Comercial determinará la cifra exacta que saldrá de la liquidación para quedar formalmente bajo la órbita de los jueces federales.
