La Ley Ómnibus de Milei busca eliminar el precio único de los libros y restringir el financiamiento a Bibliotecas Populares
La Ley Ómnibus propuesta busca una reforma del Estado, mediante la declaración de emergencia pública en múltiples áreas hasta diciembre de 2025, permitiendo al Ejecutivo asumir “facultades legislativas”. El proyecto también repercute en la industria del libro.
El artículo 60 ―incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica― promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”.
Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.
Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Entonces, para sostener esos negocios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas.
A través de un comunicado de prensa, la Fundación El Libro, institución organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rechazó enfáticamente el proyecto de derogación de la Ley del Libro. “Absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”, dice el comunicado.
A su vez, hace referencia a que la Ley 25.542 es un pilar fundamental para la protección de la bibliodiversidad en Argentina y advierte la derogación de la ley “haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”.
El comunicado también hace referencia a la preocupación extendida con la desaparición de dos instituciones culturales emblemáticas: el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, mencionadas en otros artículos de la “ley ómnibus”.
Bibliotecas Populares, en la mira
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) también está incluida en la “ley ómnibus”. Se trata de bibliotecarias y bibliotecarios que integran las bibliotecas populares y que tienen la oportunidad, en cada edición de la Feria del Libro, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. La Feria abre en un horario especial para estos libreros, que traen en anotadores los pedidos de sus comunidades.
Según el texto propuesto, que propone la derogación del Fondo Especial que creaba la Ley 23.351.desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese Fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.
A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros se anulan para ellas la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.
También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina.