Cinco días después de la presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) —que incluyó una marcha a los Tribunales— el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazó la medida cautelar que buscaba frenar el traspaso de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
El recurso de amparo presentado contra el Estado por la central obrera tenía como objetivo suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, que establecen la transferencia del fuero laboral de la Capital Federal a la Justicia porteña.
La norma contempla el “Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, incluido como Anexo I de la ley. En su resolución, el magistrado consideró que no se advierte “peligro en la demora”, por lo que rechazó la cautelar solicitada por la CGT, lo que representa un nuevo revés judicial para la central sindical.
Desde la CGT sostienen que el convenio debe ser declarado nulo e inconstitucional, ya que implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara del Trabajo, además de habilitar a futuro la eliminación total del fuero laboral nacional.
Los gremios también argumentan que el Poder Ejecutivo se habría extralimitado en sus facultades, ya que el acuerdo se firmó sin la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral encargada de regular las transferencias de competencias a la Ciudad, prevista en la Ley 24.588.
Según advierten los sindicalistas, el traspaso podría provocar un colapso judicial, afectar miles de causas laborales en trámite y generar incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales.
La presentación judicial fue firmada por el triunvirato de conducción de la CGT, junto a dirigentes de distintos gremios que integran la central obrera.
Antes de conocerse la resolución, la CGT ya tenía previsto presentar una nueva medida cautelar en el fuero laboral, mientras que diversos gremios iniciarán acciones judiciales en juzgados de primera instancia, muchas de ellas contra el fondo de la norma.
El caso también marcará la primera intervención del flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, jefe de los abogados del Estado y hombre cercano a Santiago Caputo, quien recientemente fue desplazado del Ministerio de Justicia. Su antecesor, Santiago Castro Videla, pasará a desempeñarse como uno de los tres subprocuradores del Tesoro.
No es la primera vez que Lavié Pico falla en contra de planteos judiciales vinculados a las reformas del presidente Javier Milei. En 2024 ya había rechazado dos amparos que buscaban declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que impulsó la desregulación de la economía.
Sin embargo, el propio magistrado había avalado previamente que las demandas contra ese decreto se tramitaran de manera separada, una decisión que en la práctica también representó un revés para el Gobierno.
