La Justicia prorrogó la cautelar y frenó la privatización del Banco Nación
La Justicia Federal de La Plata volvió a frenar los planes del Gobierno de Javier Milei para privatizar el Banco Nación (BNA). El juez Alejo Ramos Padilla resolvió extender por seis meses la medida cautelar que mantiene suspendido el Decreto 116/2025, con el que se buscaba transformar a la entidad en una sociedad anónima.
El magistrado fundamentó que “se mantienen las mismas condiciones jurídicas y fácticas” que habían justificado la medida dictada en marzo pasado, y destacó que “no hubo conductas dilatorias por parte de los trabajadores” que promovieron la acción judicial.
La iniciativa de cambiar el estatus del mayor banco público del país había sido incluida originalmente en el DNU 70/2023, apenas asumido Milei. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año Ramos Padilla sostuvo que el cambio solo puede concretarse a través de una ley del Congreso, lo que dejó trabado el proceso.
El planteo judicial fue impulsado por la Asociación Bancaria, que advirtió que el proyecto buscaba allanar el camino hacia una futura privatización. El Gobierno apeló sin éxito y este jueves la Cámara Federal de La Plata respaldó el fallo del juez. En su resolución, los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias remarcaron que el BNA, como ente autárquico, no está alcanzado por la Ley de Bases, y que el Ejecutivo no puede modificar su naturaleza jurídica sin aval legislativo.
“La delegación legislativa que autoriza al Poder Ejecutivo a ‘reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit’ no puede considerarse un patrón inteligible que lo habilite a modificar la naturaleza jurídica conferida por ley al Banco de la Nación Argentina”, afirmaron.
Ante esta decisión, el Banco Nación expresó en un comunicado que la resolución “contradice la Ley de Bases sancionada por el Congreso Nacional” y adelantó que será apelada ante la Corte Suprema. Según la entidad, la transformación en sociedad anónima busca “mejorar la transparencia y eficiencia para impulsar el crédito privado”, especialmente hacia PyMEs regionales.
Este fallo se suma a otras resoluciones adversas para el Ejecutivo. En los últimos días, la Justicia avaló que la ARBA cobre impuestos a través de los Registros de la DNRPA, medida considerada un triunfo político para Axel Kicillof, y también declaró inconstitucional una disposición del ministro Luis Caputo que impedía a los municipios incluir tasas en las boletas de gas y luz.