En el marco del proceso judicial por homicidio, la Justicia ordenó la internación psiquiátrica de Pity Álvarez, quien permanece alojado en el Hospital Tornú mientras se define su situación procesal por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.
La resolución dictada por el Juzgado Civil 4 establece que la medida terapéutica debe extenderse por el tiempo más breve posible. Asimismo, dispuso la entrega de informes mensuales sobre su evolución clínica y la designación formal de un defensor legal.
De esta manera, el director del establecimiento sanitario tendrá la obligación de reportar al magistrado cada 30 días el estado del paciente. Si el tratamiento se prolonga por más de 90 días, deberá notificarse formalmente para evaluar los pasos a seguir bajo la ley de salud mental.
Medidas de seguridad y derivación médica
El fallo judicial instruyó a las autoridades del hospital a reforzar la vigilancia interna para evitar posibles fugas. En ese sentido, se remarcó que cualquier futuro traslado requerirá una derivación médica estrictamente supervisada.
A su vez, se intimó a la obra social y a los organismos pertinentes a garantizar una vacante en un centro especializado. El objetivo radica en atender sus problemáticas de salud mental y adicciones de manera integral.
Por otra parte, la sede judicial dictó una medida cautelar que restringe la difusión de datos médicos en la prensa, con el propósito de resguardar la intimidad y la integridad personal del cantante.
Crisis nerviosa e intento de fuga
El ex líder de Viejas Locas sufrió una fuerte descompensación cuando era trasladado dentro del nosocomio para participar de una audiencia virtual vía Zoom. El imputado logró eludir la custodia y escapó descalzo hacia la calle antes de ser interceptado por un patrullero en la esquina.
Durante el violento episodio, el músico evidenció un estado de alteración total. “Me tengo que reunir con el ‘Chiqui’ Tapia”, gritaba mientras intentaba alejarse de los efectivos policiales.
Frente a este escenario, la Defensoría de Incapaces solicitó peritajes urgentes para determinar si representa un riesgo para sí o para terceros. Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, insisten en que no está en condiciones de afrontar el juicio por el crimen ocurrido en 2018 en Villa Lugano.
