La Justicia Federal avanza a paso firme contra la cúpula dirigencial del fútbol. El juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas de prueba para comenzar a investigar formalmente al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
En el marco de la causa, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia. Además, requirió informes urgentes a distintos organismos públicos sobre cuentas, propiedades, vehículos y sociedades, sumado a un exhorto internacional dirigido a la CONMEBOL, entidad de la cual ejerce la vicepresidencia.
La denuncia de origen fue impulsada por el empresario Guillermo Tofoni, quien alertó que el titular de la casa madre del fútbol incrementó su patrimonio un 1.000% sin una justificación acorde a sus ingresos declarados. De acuerdo a la presentación, percibe $100.233.144 anuales como presidente del CEAMSE y $718.536.500 anuales en la CONMEBOL, mientras que su cargo en la AFA es ad honorem.
El CEAMSE es una empresa pública mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que administra los residuos metropolitanos. Allí, Tapia fue designado en 2014 como vicepresidente por Mauricio Macri, lugar que ocupó hasta asumir la presidencia en 2024 por determinación del gobernador Axel Kicillof.
Batería de pedidos a organismos y entidades financieras
A partir del requerimiento fiscal, Lijo ordenó que ambos distritos remitan todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia junto con sus anexos reservados. En idéntica sintonía, la empresa de residuos deberá aportar los legajos personales del dirigente con el detalle exhaustivo de sus haberes.
El expediente activó pedidos a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer sus salidas del país, a la ANSES por antecedentes laborales y a la ARCA para que exponga toda la información sobre su situación patrimonial en el país y el exterior. Paralelamente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá recopilar datos de cuentas y activos en todas las entidades bancarias.
El cerco judicial incluye solicitudes a la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores, emisoras de tarjetas de crédito y plataformas de criptomonedas. A su vez, se libraron oficios a los registros de la propiedad automotor, inmueble, buques y aeronaves para verificar bienes y titularidades registradas a su nombre.
Asimismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá reportar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o investigaciones en curso. En tanto, vía exhorto a Paraguay, la CONMEBOL tendrá que detallar nombramientos, cargos ejercidos y las cuentas bancarias receptoras de sus remuneraciones.
El panorama procesal y futuros requerimientos
El fiscal Gerardo Pollicita planteó realizar con los resultados recabados “un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada” con el fin de “arribar a conclusiones que permitan –en su caso– formular imputaciones según los elementos recabados”, remarcó.
Esta pesquisa representa la segunda oportunidad en la que Lijo investiga al titular de AFA, tras haberlo sobreseído en 2021 junto al propio Tofoni en un expediente por contratos. No obstante, significa el primer examen judicial enfocado puntualmente en su patrimonio como funcionario público.
El panorama judicial del directivo y su entorno ya cuenta con otros frentes abiertos: Tapia y el tesorero Pablo Toviggino se encuentran procesados por presunta evasión impositiva, al tiempo que afrontan expedientes por el manejo de fondos en el extranjero, uso de facturas apócrifas y la adquisición de una lujosa mansión en Pilar.
