La Justicia Federal pidió la extradición del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria
La Justicia Federal pidió la extradición del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de Paraguay por intento de contrabando de divisas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado envió este martes un exhorto internacional en la causa que lo acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero con fines de tomarles declaración indagatoria en la Argentina.
La magistrada solicitó el traslado de ambos acusados en calidad de “detenidos comunicados” a su Juzgado Federal de San Isidro. También pidió el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron detenidos.
Arroyo Salgado solicitó también que se realice un allanamiento en el departamento de lujo que comparten Kueider y Guinsel Costa para cumplir la prisión domiciliaria que dictó la justicia paraguaya.
La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros tras ser expulsado del Senado por una amplía mayoría de votos en la última sesión que realizó la Cámara Alta.
El exhorto debe tramitarse a través de la Cancillería argentina, que debe enviarlo a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya.
Luego, la Cancillería de Paraguay debe enviar ese exhorto al Ministerio Público Fiscal de su país, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al pedido.
Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay, por lo que si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos se abrirá un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país.
El proceso de extradición solicitado este martes por la Justicia argentina corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní desde el momento en que fueron detenidos Kueider y Guinsel Costa.
Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación. Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay.
La jueza pidió la extradición de los acusados en el marco de la causa que investiga al exsenador por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públcias, tráfico de influencias y lavado de dinero.
Además, Arroyo Salgado le pidió a los fiscales paraguayos que le secuestren los celulares al exsenador y a Guinsel Costa, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público de Paraguay no habían concretado.
El objetivo de la magistrada es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si los teléfonos fueron manipulados, ya sea de manera presencial o remota. Y en caso de que haya sido así, tratar de recuperar el contenido.
En el Juzgado de San Isidro saben que es factible que se puede haber perdido prueba debido a que la Justicia paraguaya no avanzó con el secuestro de los teléfonos en un primer momento.
La solicitud incluye a todos los objetos que se hubiesen encontrado en su poder al momento de producirse su detención y los que sean incautados tras el allanamiento en el departamento donde están cumpliendo prisión domiciliaria, en el complejo Tierra Alta, en Asunción.
El allanamiento, según el pedido de la jueza, debe incluir depósitos, bauleras, anexos, oficinas y garajes del inmueble, con el objetivo de secuestrar también equipos informáticos, como computadoras, pendrives, discos externos, que tengan en su poder Kueider y Guinsel Costa.
La jueza quiere que le envíen, además, la totalidad de las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido todo el material fílmico y de videos de cuando Kueider fue interceptado en el control y le incautaron los dólares, y le informen si hubo una certificación de la autenticidad de los dólares que llevaba.
