En los tribunales cordobeses, la Justicia Federal tomó cartas en el asunto e instruyó medidas directas sobre el gabinete nacional. En este marco, se ordenó investigar a Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones judiciales que exigían regularizar los pagos adeudados a prestadores de discapacidad.
El magistrado federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si las omisiones de los funcionarios configuran una conducta delictiva. La instrucción quedó en manos del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien evaluará si existió desobediencia judicial o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La medida marca un punto de inflexión en una causa que se tramita desde el mes de mayo, a través de la cual la Justicia insistió de manera reiterada sobre la obligación estatal de saldar las deudas con los prestadores de salud.
El expediente responde a una acción de amparo colectivo impulsada por personas con discapacidad, familiares y organizaciones civiles, quienes denunciaron severos atrasos en los pagos canalizados mediante el PAMI y el programa Incluir Salud.
Cautelar firme y reclamos sin resolver
En mayo, Vaca Narvaja impuso una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Salud y al PAMI cancelar los montos adeudados en un término perentorio de 72 horas.
Al fundamentar su resolución, el magistrado alertó que las demoras afectaban la continuidad de tratamientos esenciales y remarcó la extrema vulnerabilidad del sector, aclarando que la orden protegía a todo el universo colectivo comprendido en el amparo.
Si bien el Gobierno nacional apeló la manda judicial, el recurso fue concedido con efecto devolutivo, por lo que la obligación de abonar los fondos continuaba plenamente vigente mientras revisaba la Cámara Federal.
Sentencia de fondo y crisis en las instituciones
Ya en junio, el juez dictó sentencia de fondo e intimó nuevamente a saldar las prestaciones contempladas en la ley 24.901, tras advertir que el Estado solo acreditó desembolsos parciales, pero no normalizó la totalidad de las obligaciones pendientes.
En su análisis, el juzgado contempló la crítica realidad advertida por entidades como Apadim, la Asociación Civil Alegría y el Pequeño Cottolengo Don Orione, que arrastraban meses de atrasos, lo que impedía costear sueldos, aportes y gastos elementales de funcionamiento.
Uno de los casos más graves expuestos fue el del Cottolengo Don Orione, institución que debió afrontar intereses ante ARCA por cargas sociales impagas derivadas del retraso oficial, confirmando que la falta de pagos generó perjuicios operativos directos en la atención a personas vulnerables.
Que no venga otra pandemia porque los empleados de Salud no van a poner el hombro de nuevo, no van a arriesgar sus vidas otra vez por tan solo un aplauso o declaraciones demagógicas de los políticos de turno.