Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario nacional. Manuel Adorni tiene tiempo hasta el 22 de septiembre para responder las 20 preguntas que buscan aclarar las dudas sobre su situación patrimonial, según confirmó la Justicia.
El fiscal Gerardo Pollicita remarcó sobre las erogaciones en moneda extranjera de la familia: “No encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”. Por el momento, no hubo solicitudes para una nueva extensión del plazo.
La intimación judicial abarca la evolución patrimonial de Manuel Adorni desde diciembre de 2023, cuando asumió en la gestión de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en que renunció como jefe de Gabinete. La medida se basó en un informe técnico de 207 fojas elaborado por la DAFI, que cruzó declaraciones juradas con registros de la propiedad, bancos, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.
En moneda nacional, los peritajes determinaron que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, percibieron ingresos por $229.752.283,20, incluyendo 35 sueldos estatales. Sin embargo, los gastos treparon a $272.820.832,20 entre tarjetas, servicios, impuestos, expensas y viajes, lo que arrojó un saldo negativo sin justificar de $43.068.549.
Bienes, dólares y movimientos bajo sospecha
En el plano de las divisas, los investigadores detectaron gastos por USD 402.578,12 para compras, alquileres temporarios y obras. El foco principal está puesto en un pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por refacciones en el Country Indio Cuá, además de la adquisición del lote 380 en ese predio y un departamento en la calle Miró 550, en Caballito.
El requerimiento exige justificar préstamos familiares atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, el origen del dinero para comprar un vehículo Jeep, el uso de terceros para pagos en efectivo y depósitos no salariales en el Banco Nación. También se intimó a clarificar fondos no declarados ante la Oficina Anticorrupción en una billetera virtual, honorarios a la escribana Adriana Nechevenko y la trazabilidad bancaria de un presunto medio millón de dólares en criptoactivos.
La fecha de entrega se readecuó tras concederse una prórroga pedida por su abogado defensor, Matías Ledesma, ante el juez Ariel Lijo para examinar pruebas y peritajes sobre teléfonos clave, entre ellos el contenido del celular de Tabar.
Una vez entregado el descargo, la fiscalía evaluará si las respuestas resultan consistentes. De no ser satisfactorias, el exfuncionario y su cónyuge podrían ser citados a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.
