El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó a declarar a varios reporteros del diario The New York Times tras la publicación de un informe sobre las supuestas fallas de seguridad del avión presidencial Air Force One, una aeronave Boeing 747-8 que había sido donada por el gobierno de Qatar.
De este modo, la administración de Donald Trump pretende que los periodistas se presenten el próximo miércoles ante un juzgado federal en Manhattan, en lo que analistas estadounidenses consideran un nuevo capítulo de la embestida oficial contra la prensa independiente.
Según los documentos judiciales, los reporteros deberán declarar “en relación con una presunta violación de la ley penal federal”. Lo que generó mayor indignación en la conducción del periódico fue que, en algunos casos, las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios particulares de los periodistas.
En un comunicado, los representantes legales del diario repudiaron el procedimiento. “La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege”, declaró el abogado David McCraw.
Y agregó: “Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión”, sentenció.
Los reporteros apuntados por la Casa Blanca
Entre los periodistas citados a declarar figuran Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, autores de la investigación publicada esta semana en The New York Times.
En ese trabajo, el equipo reveló que el Servicio Secreto recomendó a Trump utilizar el viejo avión Air Force One en su reciente viaje a Turquía, debido a supuestas fallas de seguridad en el Boeing 747-8 donado por Qatar en mayo de 2025.
El informe se apoyó en parte en fuentes anónimas para explicar aspectos sensibles del sistema de seguridad de la aeronave. A raíz de ello, un funcionario del FBI, al tanto del contenido del artículo, pidió que la nota no fuera publicada y exigió que se revelaran los nombres de quienes filtraron la información.
Sin embargo, el pedido no prosperó y la investigación se difundió tal como estaba planificada, lo que derivó luego en las citaciones judiciales que ahora tensan aún más la relación entre la Casa Blanca y la prensa.
