La Justicia estableció que “un grupo orgánico y coordinado” provocó los incidentes en el Congreso
La causa por los violentos incidentes en el Congreso durante la aprobación en el Senado de la ley Bases del 12 de junio pasado se debate entre si se direcciona a investigar a los imputados por ataques concretos a policías o si hubo un operativo coordinado entre dirigentes del kirchnerismo y la izquierda para impedir la sesión. Todo al margen de los grupos no violentos que fueron a ejercer su derecho a la protesta a la Plaza Dos Congresos.
Hasta esta semana, en medio de un duro debate político la jueza federal María Servini indagó a los 33 detenidos por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad pero solo procesó y le aplicó la prisión preventiva, como reclamó el fiscal Carlos Stornelli, a cinco.
A los otros les dictó la falta de mérito, mientras pidió a la ciudadanía que acerquen a su juzgado fotos y filmaciones de los incidentes en que se quemó un móvil de la radio Cadena 3, bicicletas, se secuestró una granada de guerra y bombas molotov y se lastimó a 8 policías y se provocaron daños y gastos por 160 millones de pesos.
Por lo menos, dos de los cinco detenidos militan en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), según revelaron fuentes judiciales con acceso a la causa.
Sin embargo, la jueza -que no delegó la investigación en el fiscal- aún no ordenó medidas de pruebas para determinar hubo un complot para frenar la sesión del Senado. En un requerimiento de instrucción, Stornelli pidió investigar si hubo “un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada tendientes a iniciar la violencia contra las instituciones” democráticas e impedir la sesión del Senado.
La jueza Servini resolvió primero la situación procesal de los 33 detenidos, dejando detenidos solo a 5, luego de un fin de semana sin francos en su juzgado.
En su fallo, procesó, ordenó la preventiva y embargó en $ 500 mil a Cristian Fernando Valiente a quien le encontraron la granada FMK 5 del año 2012 producida por Fabricaciones Militares. Lo hizo solo por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con el de atentado contra la autoridad.
La misma medida tomó contra Patricia Calarco Arrendondo a quien le agregó el delito de incendio intencional de bicicletas de la CABA. En su mochila se encontraron antiparras negra, un libro con la inscripción “satisfacción en la ESMA”, stickers con la consigna: “la casa no anda en tren, no al DNU y a la ley Omnibus”, un pañuelo verde con la inscripción “aborto legal para no morir”, una botella de Bialcohol y textos varios del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). En los considerandos, la jueza escribió que Calarco se erigió “en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática con el objeto de perturbar de manera temporal el libre ejercicio de las facultades constitucionales” del Congreso pero no la procesó por ese delito como quería Stornelli.
En cuanto a Facundo Ezequiel Gómez, también lo procesó por esos delitos con penas menores por haber arrojado piedras contra los policías y luego eludió el vallado en forma violenta y llamó al resto a hacerlo lo mismo antes de ser detenido.
Mientras que a David Oscar Sica le aplicó el delito de atentado contra la autoridad e intimidación pública por haber pateado y escupido a la mujer policía Romelia del Carmen Villafañe, provocándole un traumatismo en la pierna izquierda. También consideró que Sica podría haberse alzado contra el orden democrático. Y a Roberto María de la Cruz Gómez, quien vestía una camiseta de la selección de fútbol, también quedó con preventiva por intimidación pública por arrojar elementos contundentes a la policía y prender fuego tachos de basura.
Es decir, la jueza hasta ahora no los procesó por atentar contra la democracia pero en sus considerandos dio por acreditada “una voluntad común, lejos de haber sido espontáneo que respondió a un acuerdo previo y coordinado dirigido a crear temor público y afecta el ánimo de los legisladores y frustrar la sesión” de la cámara de Senadores.
Para Servini, los primeros datos muestran que hubo un “grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes”.