Con información de las agencias EFE y AFP, se confirmó este jueves que un tribunal de segunda instancia español ratificó que Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno Pedro Sánchez, será juzgada por tráfico de influencias y malversación. En la misma resolución, la Audiencia Provincial de Madrid la exoneró de los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios y le levantó la prohibición de salida del país.
El tribunal madrileño respondió así a varios recursos presentados por la defensa de Gómez, quien será juzgada por un jurado popular, tal y como había solicitado el juez instructor tras dos años de investigación. La fecha del juicio aún no fue fijada.
En un auto difundido este jueves, los magistrados ordenaron que el procedimiento continúe únicamente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que dictaron el sobreseimiento respecto de los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
El juez Juan Carlos Peinado había resuelto previamente que Gómez fuera sometida a juicio con jurado por los cuatro delitos citados, vinculados presuntamente a su actividad profesional cuando codirigía una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid.
En paralelo, la Audiencia Provincial retiró las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. Esas restricciones incluían la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, todo ello “sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento”.
Debido a esas medidas, Gómez no pudo viajar la semana pasada a la cumbre de la OTAN en Turquía para acompañar a Pedro Sánchez. Sí obtuvo, en cambio, un permiso judicial para desplazarse a Londres y asistir a la graduación de su hija.
Según la acusación, la esposa del jefe del Gobierno se habría aprovechado de su posición institucional para obtener beneficios en su carrera profesional. La causa se originó a partir de una denuncia de una organización conservadora, que aportó como principal sustento recortes periodísticos.
La investigación se centró en la cátedra que Gómez co-dirigía en un máster de la Universidad Complutense de Madrid. En el marco de la acusación por malversación, el juez Peinado también investiga a su asistente Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos y que habría realizado gestiones para la cátedra vinculada a la esposa de Sánchez.
Un frente judicial que complica al Gobierno de Sánchez
Este expediente se inscribe en un abanico de causas judiciales que afectan a la familia y al entorno del socialista Pedro Sánchez y que, según analistas locales, amenazan la estabilidad de su frágil Gobierno en minoría parlamentaria.
Sánchez aparece políticamente debilitado por estos frentes judiciales, ante los cuales la oposición de derecha reclama su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas. El jefe del Ejecutivo, por ahora, rechaza esa posibilidad.
Además del caso de su esposa, su hermano menor fue sentenciado el martes pasado a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser considerado beneficiario de un trato de favor para acceder a un puesto de trabajo.
En paralelo, dos figuras clave en el ascenso de Sánchez al poder en 2018, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, han sido o serán juzgados por presuntos casos de corrupción, lo que suma presión política sobre el Gobierno.
A ese cuadro se agrega que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, referente del socialismo español y aliado político de Sánchez, fue imputado recientemente por tráfico de influencias a cambio de presuntas mordidas, ampliando el alcance del terremoto judicial en el oficialismo.
