La Justicia Electoral suspendió los aportes públicos a 20 espacios políticos por no presentar los balances del año 2025, una medida que golpea a partidos de peso en la escena nacional.
Entre las fuerzas alcanzadas figuran las agrupaciones lideradas por Sergio Massa (Frente Renovador), Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI), Margarita Stolbizer (GEN) y Guillermo Moreno (Principios y Valores).
La decisión fue adoptada por la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien además intimó a otras agrupaciones a presentar la documentación pendiente en un plazo de 15 días hábiles, en el marco de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
En ese contexto, Margarita Stolbizer confirmó la situación de su espacio. En el GEN “cambiaron el contador” y por ese motivo “se demoró la presentación del balance”, explicó.
Transparencia, control y límites al dinero político
El objetivo central de los balances anuales es garantizar la transparencia, la legalidad y el control del financiamiento de las agrupaciones políticas, para evitar aportes ilegales y bloquear el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas o de corporaciones prohibidas.
La rendición también permite identificar quiénes financian a cada partido y verificar que nadie supere los montos máximos de donación permitidos por la ley, un punto sensible en la previa de un año electoral clave.
Por el momento, además de Coalición Cívica-ARI, GEN, Principios y Valores y Frente Renovador, permanecen sin financiamiento público Encuentro Republicano, Autonomista, Movimiento de Integración y Desarrollo, Frente Patriota Federal, De la Victoria, Demócrata Progresista, Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur, Libertario, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Demócrata Cristiano y Socialista Auténtico.
Qué exige la Ley 26.215 a los partidos
Servini se apoyó en la Ley 26.215, que regula el origen, uso y control de los fondos de las agrupaciones políticas en la Argentina y combina los aportes del Estado con el financiamiento privado.
Los fondos públicos tienen como destino la capacitación política y la realización de campañas electorales, un aspecto decisivo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La normativa obliga a los espacios políticos a presentar todos los años los balances de ingresos y egresos, con documentación respaldatoria, dentro de los 90 días posteriores a la finalización de cada período.
En caso de no cumplir en tiempo y forma, los partidos quedan expuestos a sanciones que incluyen la suspensión de los aportes estatales, como ocurrió ahora con estos 20 espacios.
Además, cada partido debe operar con una cuenta en un banco oficial para manejar todo su dinero, informar quién realizó cada aporte y en qué se gastó, bajo un esquema de trazabilidad obligatoria.
La ley también prevé penas para las fuerzas políticas que violen las reglas de transparencia o superen los límites de dinero permitido, en un intento por cerrar el cerco sobre el financiamiento opaco de la política.
