La Justicia argentina ordenó la detención y captura internacional de Maduro y otros jerarcas chavistas
Se los encontró responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.
La resolución alcanza además a más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia al servicio del régimen.
Así lo decidieron por unanimidad los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli acompañando el reclamo de una serie de víctimas.
La resolución ordenó que el juez de la instrucción Sebastián Ramos profundice la investigación, que reciba toda la documentación que aportaron los organismos internacionales y las querellas, que escuche a todos los testigos propuestos y que avance con la identificación de quienes pertenecen a las estructuras estatales que están cometiendo delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Los jueces, hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron según su resolución que existe en Venezuela un plan sistematico de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
Los jueces actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.
Los abogados de las mismas pedirán la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas para que, cuando viajen por el mundo exista el marco legal policial para que sean detenidos y extraditados. En la práctica, Maduro y compañía sólo podrían visitar países como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia o Irán.
“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder.”, dijo a los colegas de Clarín el abogado Tomás Farini Duggan.
Es uno de los impulsores junto al hoy ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los jerarcas chavistas que permitió activar la investigación sobre la que fallaron este lunes los jueces. Ahora esperan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.
De hecho, Farini Duggan afirmó que esta carpeta será presentada ante la Corte Penal Internacional con el objeto de que en el proceso que se sigue allí también se disponga la captura de los imputados.
Con respecto a los pedidos a Interpol, Farini Duggan dijo que era de esperar que Venezuela se oponga a las anotaciones sobre la base de la Convención de Viena y las inmunidades que de allí resultan para mandatarios extranjeros, pero existen antecedentes donde interpol anotó las alertas a pesar de que los imputados integraban gobiernos, como en el caso de la causa AMIA respecto de los iraníes imputados, quienes se encontraban en importantes cargos del Gobierno Persa. Sostiene que en este caso no se podría desconocer que Maduro usurpa el poder, pues habiendo perdido las elecciones se ha negado a reconocerlo conformando así una dictadura cívico militar.
La Cámara Federal porteña había ordenado el 6 de abril pasado reabrir la investigación contra el gobierno de Maduro y ya entonces, tanto Llorens como Bruglia y Bertuzzi consideraron que era imprescindible contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”.
Le pidió a Stornelli que investigara “con celeridad”. Por su parte Llorens planteó que debían tomarse “medidas cautelares urgentes” y que, por lo tanto, había que ordenar la “captura inmediata” de los acusados.
En esa orden del 6 de abril la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, indicó: “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.
Y a partir de ahí se ordenaron las audiencias con las víctimas venezolanas, representantes del FADD mientras que la Fiscalía terminó solicitando recientemente los arrestos. Los testimonios de mayor impacto fueron los de seis venezolanos, uno de los cuales fue fiscal en su país.
Días atrás, cuando en la audiencia por la que la Fiscalía pidió la captura de la cúpula del régimen se hicieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en nombre del Gobierno Nacional, Wolff, y figuras del PRO que siempre impulsaron la causa como el diputado Fernando Iglesias y Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura.
“Es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos,”, dijo a Clarín la secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, para quien, la decisión de la Justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. “Ya es la hora de actuar y tomar las medidas que corresponden para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela,” agregó.