La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la seccional Campana de la UOM, declaró inválida la reelección de Francisco Abel Furlán a nivel nacional y dispuso la intervención judicial del gremio por 180 días, con el cese inmediato de todas las autoridades electas.
La decisión fue adoptada por la Sala VII del fuero laboral, integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, quienes designaron como interventor al abogado Alberto Biglieri, con amplias facultades y la misión de convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de seis meses.
“Opacidad” y falta de garantías en el proceso electoral
En otro pronunciamiento vinculado, la Sala VIII de la Cámara sostuvo que el proceso electoral de la UOM estuvo atravesado por “opacidad”, falta de garantías y presuntas irregularidades graves en la custodia de las urnas.
Los jueces Pesino y González concluyeron que las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana “no garantizaron una elección confiable, segura ni transparente” y que, por esa razón, debían ser declaradas nulas.
“El proceso electoral de una asociación sindical no es un mero trámite administrativo sino la materialización del principio de democracia sindical”, sostuvo el juez Pesino en el voto principal. Y agregó: “La libertad electoral requiere, indefectiblemente, de certeza y seguridad jurídica sobre el sufragio emitido”, remarcó.
Las irregularidades detectadas en la elección de Campana
La causa había sido iniciada por la Lista Naranja, opositora a la conducción oficialista de la UOM, que denunció irregularidades en la elección de Campana. Según el fallo, las urnas permanecieron durante tres días bajo custodia de la junta electoral seccional, sin escrutinios parciales diarios ni controles suficientes.
“Las urnas ya utilizadas y con votos se guardaban allí bajo la vigilancia de la Junta Electoral seccional hasta el día siguiente, sin que mediaran escrutinios provisorios diarios”, describió la Cámara.
Para los jueces, esa modalidad destruyó la confiabilidad del proceso. “La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, afirmaron.
En uno de los párrafos más duros del fallo, el tribunal sostuvo que “fueron las propias decisiones institucionales y procedimentales adoptadas por el oficialismo las que sepultaron cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”, advirtió.
La Cámara también cuestionó que la oposición hubiera sido “invitada” a dormir en la sede sindical para custodiar las urnas. “Es inaceptable e irrazonable obligar a los opositores a dormir en la sede del oficialismo”, remarcaron los magistrados.
Desobediencia a una orden judicial previa y caída de la conducción nacional
El fallo además señaló que la conducción nacional de la UOM desobedeció una orden judicial previa que había suspendido la elección nacional del 18 de marzo, en la que Furlán fue reelegido como secretario general.
“La UOM decidió seguir adelante con las elecciones para designar al Secretario General Nacional. Desoyó completamente la decisión judicial”, indicó la resolución.
A partir de la nulidad de la elección de Campana, los jueces concluyeron que también quedó inválida la conformación del Colegio Electoral que eligió a Furlán a nivel nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo la sentencia.
Con ese argumento, la Cámara declaró la nulidad de la elección nacional y ordenó el “cese inmediato” de Furlán y de toda la conducción del sindicato.
“El sindicato ha quedado sin conducción legal”, afirmaron los jueces, que además hablaron de una situación de “extrema gravedad institucional”.
Intervención judicial y convocatoria a nuevos comicios
Frente a ese escenario, el tribunal dispuso la intervención judicial de la UOM tanto en la seccional Campana como a nivel nacional por el plazo de 180 días.
El interventor designado fue el abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones dentro de los próximos 180 días y garantizar un proceso ajustado a la ley.
“La intervención externa y neutral es indispensable para garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó la Cámara.
