La Junta Federal de Cortes reprobó la denuncia de Goyeneche contra vocales del STJ
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) se manifestó en contra de la denuncia penal de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. “Jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo Órgano del Poder judicial provincial”, aseguró la Junta.
Cabe mencionar que la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, denunció penalmente a Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron la apertura de un proceso en su contra por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo, por su actuación en la causa donde se investigan los contratos truchos en la Legislatura.
La denuncia se extiende a la abogada Sonia Rondoni y al senador Armando Gay, los otros integrantes el Jurado de Enjuiciamiento que dispusieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso contra la procuradora adjunta; y también al abogado Gastón Justet, que aceptó asumir como fiscal ad-hoc en el jury.
Ante ello, la JuFeJus declaró que “jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo Órgano del Poder judicial provincial, ello teniendo en cuenta que se han pronunciado en cumplimento de un deber legal, más aún tratándose de cuestiones procedimentales”.
En ese sentido, insistieron en que “la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece”, y que “el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente”.
Mediante un comunicado enviado a los medios, señalaron que “es precisamente el rol de la Justicia velar permanente por cumplimiento de las garantías constitucionales y el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente de los sectores más vulnerables”.
“Para cumplir acabadamente esta función, resulta indispensable cuidar la independencia, imparcialidad y autonomía real de los Poderes Judiciales que integran la estructura del Estado en las jurisdicciones provinciales. Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar la imparcialidad e independencia, pilares fundamentales para hacer efectivo el Estado de derecho constitucional”, concluyeron.