La IGJ denunció a una empresa por presunto alquiler de cautelar para importar a dólar oficial
La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció a la empresa Yoko por la presunta comisión de “actividades ilícitas” relacionadas con el supuesto “alquiler de medidas cautelares otorgadas a una sociedad importadora” para obtener dólares a la cotización oficial por parte del Banco Central.
Ese mecanismo, que fue denunciado semanas atrás por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una publicación periodística, consiste en la cesión o transferencia de permisos para importaciones de unas empresas que lo obtuvieron mediante medidas judiciales a otras que no lo consiguieron.
La finalidad de esas maniobras, según la IGJ, tiene como objetivo, “nacionalizar ilegítimamente determinadas mercaderías importadas y percibir del BCRA el pago en dólares correspondientes a valor oficial”.
La IGJ pidió también que la Justicia Comercial declare la “nulidad” de la conformación de esa empresa “por considerar que ha realizado actividades ilícitas que justifican la promoción de esa demanda”.
El organismo que encabeza el abogado Ricardo Nissen advirtió sobre la realización de “maniobras en perjuicio del Estado Nacional, efectuadas por determinadas empresas nacionales dedicadas a la importación de mercaderías”.
En este caso en particular se trata de la “comercialización e importación de productos de marroquinería” en que Yoko S.A. “es una sociedad que carece de domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires y las inspecciones efectuadas en la sede social inscripta revelaron que en ese lugar nunca funcionó ni estuvo instalada la aludida sociedad”.
“En su sede social inscripta en la IGJ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona un local de delivery de productos sushi”, graficó el informe.
Yoko obtuvo una medida cautelar por parte del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número ocho, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.
Así, consiguió liberar las mercaderías para importarlas en operaciones a dólar oficial, y en abril de 2021 transfirió esa autorización a una empresa denominada “T.R.O.P.E.A. SA”, también dedicada a comercialización e importación de productos de marroquinería, según figura en los registros oficiales.
“Dicha sociedad se encuentra siendo investigada por la Inspección General de Justicia”, informó la entidad.