La Justicia federal acelera las medidas de prueba y puso bajo la lupa los bienes del vocero presidencial. En el marco de la causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas para verificar el patrimonio de Manuel Adorni en el expediente donde está formalmente imputado por presunto enriquecimiento ilícito.
El dictamen judicial avanza sobre dos puntos determinantes: comprobar la titularidad de ocho billeteras de Bitcoin y rastrear en detalle los ingresos previos del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
La decisión se tomó luego de que la defensa justificara parte de su capital en ahorros generados antes de 2014. Frente a este descargo, el fiscal remarcó que resulta indispensable “reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio” desde el inicio de sus carreras profesionales.
Criptomonedas bajo la lupa y peritaje informático
El vocero libertario había declarado ocho cuentas de criptomonedas activas entre 2014 y 2018, asegurando que obtuvo US$591.544,61 tras liquidarlas. Con ese argumento, buscó justificar los US$565.000 en efectivo rectificados en su balance patrimonial.
Para acreditarlo, la defensa presentó informes técnicos y dejó las claves privadas bajo custodia notarial de su letrado, Matías Ledesma. Sin embargo, el fiscal dispuso que el abogado y su perito asistan a la sede judicial para ingresar a las cuentas y firmar un mensaje oficial en cada una de las ocho direcciones.
El procedimiento continuará con una prueba criptográfica a cargo de la Policía Federal Argentina, donde se cotejarán las firmas digitales para validar los fondos. Toda la pericia quedará filmada bajo estricta reserva de las claves privadas.
Radiografía de ingresos, inmuebles y vehículos
En paralelo, la fiscalía libró oficios a la ANSES para reconstruir la historia laboral de Adorni desde febrero de 1998 y de Angeletti desde octubre de 2000 hasta finales de 2011, exigiendo detalles de aportes, sueldos y actividades registradas.
Asimismo, los registros de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires deberán informar la totalidad de los inmuebles que hayan tenido a su nombre, con fechas de escrituración, porcentajes de titularidad y gravámenes.
La pesquisa sobre los bienes patrimoniales incluyó pedidos a la DNRPA para conocer el historial completo de automóviles y motovehículos registrados por la pareja.
Sociedades, matrículas y secreto fiscal
El fiscal también busca determinar si los investigados tuvieron participación societaria. Para ello, requirió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas sobre su rol en empresas o fundaciones.
A su vez, se consultó a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para certificar antecedentes de matriculación y posibles sanciones disciplinarias.
Por otra parte, Pollicita le solicitó al juez levantar el secreto fiscal al considerarlo “imprescindible para el objeto de la pesquisa” durante el período previo a 2011. De autorizarse, la ARCA deberá remitir declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y eventuales adhesiones a regímenes de blanqueo.
Por último, el organismo recaudador tendrá que detallar todas las operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por el matrimonio entre enero de 2011 y diciembre de 2015, consignando montos, entidades bancarias y destinos declarados.


