La familia del fotógrafo Pablo Grillo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundieron este viernes una serie de documentos en los que denuncian graves irregularidades en la causa que investiga la represión frente al Congreso del 12 de marzo de 2025, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
En un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios, los Grillo señalaron que la Gendarmería Nacional omitió la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales, un hecho que califican como un “error” insólito que no puede ser casualidad.
La familia sostiene que se están ocultando comunicaciones y registros y cuestiona abiertamente: “¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?”, en alusión al material que, según denuncian, no fue incorporado de manera completa al expediente.
Pese al dolor y la incertidumbre, el entorno de Grillo afirma que el fotógrafo muestra signos de mejoría y que se aferran a la esperanza de que el Gobierno opte por la transparencia total, confiando en que “la verdad saldrá a la luz”.
La misiva expresa un profundo malestar por la falta de claridad en la investigación judicial. La omisión de datos por parte de Gendarmería es interpretada como un intento de encubrimiento que agrava el sufrimiento familiar.
En este contexto, los Grillo hacen un llamado a la solidaridad ciudadana y mantienen la convicción de que, pese a los obstáculos, el esclarecimiento de los hechos es posible.
La familia concluye con una declaración tajante: “El que nada teme nada oculta”, en un claro desafío a las autoridades para que actúen con honestidad y permitan que la justicia avance sin interferencias.
El hecho que cambió la vida de Pablo Grillo
Por su parte, el documento publicado por el CELS ofrece una cronología detallada del caso. Recuerda que el 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotorreportero de 40 años, se encontraba cubriendo una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme.
El proyectil impactó en la parte frontal de su cabeza y le provocó fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica, lesiones de extrema gravedad.
Las pericias médicas determinaron que las heridas pusieron “real y concretamente” en peligro su vida. Grillo permaneció casi tres meses en terapia intensiva y continúa en rehabilitación con pronóstico reservado, enfrentando posibles secuelas neurológicas permanentes.
La investigación judicial, que ya lleva más de un año, logró identificar al responsable material del disparo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina.
Una represión sistemática y un protocolo bajo la lupa
El texto del CELS subraya que los hechos ocurrieron en el marco de la quinta movilización de jubilados en 2025, todas caracterizadas por operativos violentos de las fuerzas de seguridad.
Ese día, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo masivo que dejó más de cien detenidos y alrededor de un centenar de heridos.
Según el informe, la represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes.
El accionar se justificó bajo el denominado “Protocolo anti-piquetes” (resolución 943/23), cuestionado por su inconstitucionalidad y por habilitar la dispersión de manifestaciones, la criminalización de organizaciones sociales y el uso de fuerzas federales para reprimir el derecho a protestar.
La investigación judicial y la resistencia de las fuerzas
La familia de Grillo se presentó como querellante con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS. La investigación, a cargo de la jueza María Servini, logró establecer que Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica terminantemente prohibida por los protocolos nacionales e internacionales.
Las pericias balísticas y audiovisuales determinaron que el disparo que impactó a Grillo viajó a 280 km/h en trayectoria recta, lo que permitió descartar la versión oficial de un supuesto rebote.
A pesar de estas pruebas, la investigación administrativa interna de Gendarmería cerró el caso en tiempo récord, sin reproches disciplinarios, responsabilizando a la víctima y construyendo, según denuncian, una narrativa corporativa para garantizar la impunidad de sus efectivos.
Procesamiento, juicio y cadena de mando
En octubre de 2025, la jueza Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, le impuso un embargo de $203 millones y le dictó la prohibición de salida del país.
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento por unanimidad en diciembre de 2025, destacando que los disparos fueron deliberados y que Guerrero conocía plenamente la peligrosidad de su conducta.
En su voto, el juez Roberto Boico enfatizó que el derecho a la protesta es central para la democracia y que el Estado debe protegerlo, no reprimirlo.
Actualmente, la causa se encamina a juicio oral, mientras la querella insiste en avanzar sobre la cadena de mando, incluyendo a la entonces ministra Patricia Bullrich, y en esclarecer las irregularidades en la entrega de pruebas audiovisuales por parte de Gendarmería y la Policía Federal.
Tanto la familia de Pablo Grillo como el CELS reiteran su exigencia de transparencia total en la investigación y reclaman que se determinen todas las responsabilidades, materiales y políticas, por la represión frente al Congreso.
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