La deuda de la quiebra de SanCor sigue engrosándose sin que haya avances en la venta de sus activos: la sindicatura contabilizó cerca de $35.000 millones en obligaciones generadas entre la presentación en concurso preventivo y la declaración de quiebra, monto que se suma al pasivo histórico de la emblemática láctea cooperativa.
Ese cálculo surge de información vinculada a la sindicatura que interviene en la quiebra de SanCor, y forma parte de un informe individual actualizado incorporado al expediente judicial.
El documento contempla tanto los créditos generados entre el concurso y la quiebra como la actualización de las deudas anteriores a la presentación concursal, pero aún no cuenta con resolución judicial firme ni puede considerarse un reconocimiento definitivo de los montos.
SanCor, en un laberinto de deudas
Fuentes ligadas a la sindicatura advirtieron que los $35.000 millones adicionales no incluyen el grueso del pasivo laboral acumulado por SanCor, un rubro que promete agravar todavía más el cuadro general.
La mayor parte de los incumplimientos con los trabajadores está concentrada en los denominados créditos con derecho a pronto pago, un universo clave para dimensionar el impacto social de la caída de la cooperativa.
Ese conjunto de reclamos laborales se encuentra actualmente bajo un proceso de auditoría, por lo que todavía no existe una cifra definitiva que permita determinar el total de la deuda laboral generada durante el concurso y la quiebra.
La dimensión completa de ese componente recién se conocerá una vez concluida y aprobada la auditoría, instancia que será determinante para saber cuánto podrá cobrarse mediante la realización de los bienes.
La actualización del pasivo resulta relevante para establecer cuánto dinero deberá intentar recuperar la quiebra mediante la venta de los activos, en un escenario que ya era complejo antes de computar las obligaciones postconcursales: el pasivo reconocido en la etapa concursal superaba ampliamente la valuación fijada para los principales activos productivos y las marcas.
La liquidación de activos sigue suspendida
Mientras se actualiza el mapa de acreedores, la liquidación de los activos operativos de SanCor permanece suspendida por decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.
Ante ese tribunal tramitan distintos recursos de apelación y nulidad contra los pliegos diseñados para vender las plantas, las marcas y otros bienes operativos de la firma, lo que mantiene congelada la salida ordenada de la compañía del mercado.
Entre los recurrentes figuran BAF Latam, Fidulac, ITC Fiduciaria y SMD Delong, que presentaron escritos propios cuestionando el esquema de liquidación elaborado en el marco del proceso falencial.
A la Cámara también llegó la impugnación del síndico Juan Luis Tomat, quien planteó su disconformidad por haber sido excluido de ciertas funciones como integrante de la sindicatura plural y objetó específicamente su apartamiento en la elaboración y control de los pliegos de venta.
Fuentes vinculadas a la sindicatura señalaron que existieron además planteos de Milkaut y de un grupo de acreedores, aunque no está claro si todas esas presentaciones completaron el recorrido formal necesario para acceder a la instancia de revisión de la Cámara.
Cuestionamientos a los pliegos de venta
Las objeciones contra el mecanismo de liquidación muestran varios puntos en común: uno de los ejes centrales es la falta de certeza sobre el procedimiento utilizado para valuar las plantas industriales y las marcas incluidas en los pliegos.
A ese cuestionamiento se suma la decisión de reducir en un 20% la cotización de la planta de Sunchales apenas dos días después del incendio ocurrido en junio, medida que para los impugnantes distorsiona el valor real del activo.
Otro de los reparos apunta a que el pliego habría incorporado bienes sobre los cuales, según los recurrentes, no existe certeza suficiente acerca de su pertenencia al patrimonio de SanCor, lo que abre un foco adicional de conflicto.
Entre los ejemplos mencionados en las impugnaciones aparecen la propia planta de Sunchales y algunas de las marcas involucradas en el proceso de liquidación, generando dudas sobre los límites exactos del conjunto de bienes a vender.
También se cuestiona la exclusión de Tomat de la etapa de elaboración de los pliegos, un punto que se repite en distintas presentaciones que advierten que esa decisión podría afectar los mecanismos de control sobre la liquidación.
Otro eje de discusión es el propio diseño de los pliegos de venta: los recurrentes sostienen que las condiciones fijadas podrían desalentar a interesados reales y reducir la competencia por los activos, en detrimento del precio final.
Una deuda sin resolución a la vista
La Cámara de Apelaciones todavía no comenzó a resolver el fondo de los cuestionamientos contra los pliegos y, antes de pronunciarse, deberá completarse el trámite de los recursos y la sindicatura plural deberá emitir su opinión sobre las apelaciones.
No hay una fecha estimada para reactivar la licitación, por lo que la realización de los activos operativos seguirá frenada hasta que la Cámara resuelva las impugnaciones pendientes sobre el mecanismo de venta.
En este contexto, la quiebra continuará concentrada en la determinación del pasivo, con una cifra que ya sumó $35.000 millones y que aún debe incorporar la deuda laboral con derecho a pronto pago, un capítulo clave que permanece abierto.
