La histórica cadena marplatense Supermercados Toledo atraviesa un momento crítico y admitió ante la Justicia que negocia con dos importantes competidores la venta de la compañía o el alquiler de su fondo de comercio. En ese contexto, la crisis financiera de Supermercados Toledo se profundiza tras más de dos décadas ininterrumpidas en concurso preventivo.
Para conseguir liquidez inmediata y no frenar la operatoria diaria, la firma solicitó autorización formal para liquidar dos inmuebles mientras busca definir su futuro. La búsqueda de compradores responde a un ahogo extremo que volvió a poner contra las cuerdas a una de las firmas regionales más tradicionales del país.
Números en rojo y riesgo operativo
En su presentación judicial, la empresa reconoció que solo logró abonar el 40% de los salarios de julio. A su vez, detalló que las protestas gremiales paralizaron cuatro días la actividad y que debe cubrir cheques por $ 1300 millones semanales para sostener el giro comercial.
El deterioro de caja es alarmante. Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, la compañía acumula 373 cheques rechazados por un monto superior a los $ 3703 millones, a la par de constantes demoras salariales.
Ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata, la firma remarcó que mantener las persianas abiertas resulta indispensable para cerrar tratos con “dos importantes cadenas de supermercados” con el fin de avanzar en “la posible venta de la totalidad de la empresa o el alquiler de su fondo de comercio”.
El expediente judicial, por el momento, no identifica a los interesados ni precisa el avance de las tratativas.
Un concurso preventivo de casi veinte años
El derrotero judicial de la marca comenzó en agosto de 2006. Casi veinte años después, el concurso preventivo sigue abierto en etapa de cumplimiento de acuerdo homologado, por lo que cualquier movimiento patrimonial clave sigue requiriendo expresa autorización de la Justicia.
Bajo esa premisa, Toledo pidió aval para vender dos predios con ofertas concretas: el inmueble de Estrada 5537, tasado por un interesado en u$s 1,5 millones, y el terreno de avenida Libertad, por u$s 3,85 millones con pago diferido a 24 meses.
La compañía admitió que los montos ofrecidos están por debajo de las tasaciones oficiales, pero sostuvo que son las únicas propuestas firmes para sortear la asfixia financiera.
Peligro de quiebra y puestos de trabajo
En el escrito, Toledo alertó que un freno de actividades destruiría el valor de la firma e impediría cualquier traspaso. “La interrupción o paralización de la actividad no solamente comprometería seriamente tales negociaciones, sino que provocaría una sustancial pérdida de valor de la empresa y de sus activos”, argumentó tras recordar que 1500 puestos de trabajo dependen directamente de su continuidad.
Frente a esto, la jueza a cargo autorizó la venta del predio de la calle Estrada para dotar de fondos urgentes a la cadena, pero postergó el aval sobre el inmueble de avenida Libertad.
Para este último lote, la magistrada exigió un flujo de fondos proyectado a seis meses, en línea con el dictamen de la sindicatura. Dicho órgano ratificó el estado crítico del supermercado y concluyó que mantener la empresa en marcha es vital para resguardar la unidad productiva y las fuentes laborales.
