La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario vinculados a la actualización salarial y a la recomposición de programas estudiantiles. Al rechazar el recurso del Poder Ejecutivo, el tribunal mantuvo vigentes esos beneficios mientras continúa el trámite de la causa.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dictó dos resoluciones en el expediente iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno había intentado suspender la aplicación de los artículos referidos a salarios y fondos para becas y programas académicos.
El argumento central de la Corte para desestimar la apelación oficial fue de carácter procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, condición indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal, según remarcaron los jueces.
De este modo, la Corte rechazó la vía intentada por el Ejecutivo pero no resolvió aún el fondo de la controversia: es decir, si un decreto del Poder Ejecutivo puede o no suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso. En consecuencia, la cautelar se mantiene firme mientras el proceso judicial sigue su curso en instancias inferiores.
El fallo y el reciente acuerdo entre universidades y Gobierno
La decisión del máximo tribunal se conoció semanas después de que el Gobierno acordara con las universidades nacionales transferir fondos para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Según habían explicado entonces a TN desde la comunidad universitaria, esa oferta implicaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario vigente fija como objetivo un piso del 0,75% del PBI, por lo que el acuerdo quedaba por debajo de lo establecido en la norma.
En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una sentencia de fondo sobre la validez del decreto 759/25 y el alcance de la Ley 27.795.
Los fundamentos de la cautelar y la posición del Gobierno
Al momento de dictar la medida cautelar, el tribunal había destacado que el Congreso insistió en la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario pese al veto presidencial de Javier Milei, y que el Poder Ejecutivo pretendía evitar su aplicación apoyándose en una norma anterior, de jerarquía inferior al texto constitucional.
La postura de la Casa Rosada fue que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, argumento que fue cuestionado en sede judicial por el CIN y las universidades nacionales.
Sin embargo, además de desestimar esa interpretación, la Corte consideró que el incumplimiento de la ley podía generar perjuicios graves y un deterioro salarial capaz de afectar el derecho de enseñar y aprender. A la vez, evaluó que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
En ese marco, el fallo del máximo tribunal, aunque no cierra la discusión de fondo sobre la Ley de Financiamiento Universitario, otorga a las universidades una herramienta jurídica clave para sostener su reclamo presupuestario y refuerza la vigencia de los artículos vinculados a salarios y programas estudiantiles mientras se define la cuestión de fondo.
