La Corte Suprema decidirá la jurisdicción en la causa por enriquecimiento ilícito contra Kueider
La Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador entrerriano Edgardo Kueider continuará en Concordia o si se trasladará a San Isidro. Esta resolución se produce luego de que la Justicia de Entre Ríos rechazara el pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado de asumir la causa.
El juez Edwin Ives Bastián, del Juzgado de Garantías 2 de Concordia, desestimó el planteo de Arroyo Salgado al afirmar que “no existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la competencia del fuero Federal”. Con esta decisión, la única autoridad capaz de definir la jurisdicción del caso es la Corte Suprema de Justicia.
El fallo de Bastián se presentó en un escrito de ocho páginas, de las cuales siete fueron una reproducción del dictamen del fiscal José Arias. En este informe, Arias recomendó que la causa permanezca en la jurisdicción provincial, al considerar que no había elementos suficientes para justificar el cambio a la justicia federal.
El origen de la causa se remonta a la detención de Kueider en Paraguay, donde fue sorprendido con más de 200.000 dólares sin declarar, hecho que desató una acusación por intento de contrabando. A raíz de este episodio, se iniciaron dos investigaciones paralelas por enriquecimiento ilícito en Argentina.
La causa de Concordia se inició el 16 de junio, cuando Eliseo Blanco, un vecino, denunció que Kueider poseía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la ciudad. Estos bienes estaban registrados a nombre de la sociedad anónima Betail, conforme a la declaración jurada de bienes presentada en 2021 por el exsenador.
Por su parte, en San Isidro, el periodista Christian Sanz presentó una denuncia similar el 2 de julio ante el juzgado de Arroyo Salgado. En octubre, la jueza vinculó esta causa con el caso Securitas, en el cual la empresa denunció el pago de coimas para obtener contratos con empresas estatales.
El caso Securitas involucra a la distribuidora eléctrica Enersa, de Entre Ríos, y a Kueider, quien se desempeñó como secretario general de la Gobernación entre 2017 y 2019. Aunque no se ha comprobado su participación directa en el esquema de corrupción, Arroyo Salgado considera que existen indicios suficientes para vincularlo.
El 24 de diciembre, el fiscal Arias dictaminó que no correspondía cambiar la jurisdicción, afirmación en la que Bastián basó su resolución comunicada el 10 de marzo.
En su dictamen, Arias señaló que la causa Securitas no menciona explícitamente a Kueider y que no hay elementos suficientes para trasladar la investigación al fuero federal. También argumentó que la relación de Kueider con Enersa se basa en mensajes de texto y su firma en un acta de asamblea de accionistas, elementos que no justifican la absorción de la causa por parte de la justicia federal.
Además, Arias propuso un límite temporal para la investigación, sugiriendo que los hechos ocurridos después de 2021 deberían investigarse en San Isidro, mientras que los anteriores a esa fecha permanecerían en Entre Ríos. Sin embargo, esta división temporal es cuestionada por operadores judiciales locales, quienes la consideran ilógica y poco práctica.