La Corte Suprema de Estados Unidos levantó las restricciones sobre una controvertida base de datos federal de votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, lo que le concedió al presidente Donald Trump una victoria temporal en su agresiva campaña contra el voto de no ciudadanos.
Por seis votos contra tres, la mayoría conservadora del máximo tribunal suspendió una orden de una corte inferior que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliar el uso de un sistema para ayudar a los estados a identificar posibles no ciudadanos incluidos en los padrones electorales. Los tres jueces de tendencia liberal del tribunal votaron en contra.
La orden de emergencia permite, por ahora, que los estados utilicen el programa llamado Verificación Sistemática de Extranjeros para la Concesión de Derechos (SAVE), en sus esfuerzos por verificar la elegibilidad de los votantes en sus padrones.
Sin embargo, debido a que la ley vigente impide que la mayoría de los estados depuren sistemáticamente a los votantes de sus listas dentro de los 90 días previos a una elección, es probable que el impacto inmediato en las próximas elecciones de mitad de mandato sea limitado. Además, el uso del programa SAVE por parte de los distritos es voluntario.
La resolución deja en suspenso la decisión tomada en junio por una jueza federal que había considerado ilegal la versión recientemente renovada de SAVE por parte del gobierno republicano. La jueza de distrito Sparkle L. Sooknanan había bloqueado el uso de la herramienta, al señalar que violaba los derechos de privacidad de los estadounidenses y podía provocar que se eliminara erróneamente a votantes de los padrones.
Un tribunal federal de apelaciones dejó vigente su orden. No obstante, la mayoría del Tribunal Supremo determinó que una ley de 1996 permite explícitamente que el Departamento de Seguridad Nacional obtenga información sobre ciudadanía e inmigración de otras agencias federales, sumado a que el gobierno federal tiene la obligación de responder a los estados que buscan verificar la ciudadanía.
“La orden impide que el gobierno federal utilice el programa que considera más adecuado para la tarea”, escribió la mayoría en la orden no firmada.
En contraposición, la jueza Ketanji Brown Jackson discrepó formalmente con el respaldo de las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Jackson sostuvo que, desde hace tiempo, la base de datos está amparada por las leyes federales de privacidad, advirtiendo sobre la existencia de riesgos reales de que registros legítimos puedan ser revocados por error.
“El daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legales supera el daño inexistente que sufre el gobierno cuando se le impide realizar una acción para la que probablemente carece de autoridad”, escribió Jackson.
El funcionamiento del controvertido programa SAVE
El sistema SAVE se creó en virtud de una ley de inmigración que ordena al Departamento de Seguridad Nacional coordinar con agencias federales, estatales y locales para evitar que no ciudadanos obtengan beneficios gubernamentales.
La administración de Donald Trump tomó medidas el año pasado para ampliar de manera significativa sus capacidades de búsqueda. Desde entonces, se han examinado al menos 67 millones de registros mediante el programa, aunque los críticos temen que termine depurando a votantes válidos de los padrones.
Incluso, algunos ciudadanos inscritos ya han sido señalados equivocadamente. En el condado de Travis, Texas, las autoridades investigaron a 97 votantes marcados por SAVE como aparentes no ciudadanos y descubrieron que al menos el 10% de ellos —y probablemente hasta el 21%— eran ciudadanos de Estados Unidos. Ante esto, el condado instó a la Corte Suprema a rechazar la apelación oficial, mientras que el estado de Texas presentó su propio escrito en defensa del registro.
Pese a que el uso del programa SAVE permaneció bloqueado durante meses, el gobierno sostuvo en documentos judiciales que funcionarios de Seguridad Nacional han seguido utilizando datos de la Administración del Seguro Social “en ciertos casos para verificar información y ayudar a determinar si pudo haberse producido voto ilegal”.
En ese marco, el DHS inició en agosto su propia investigación para hallar votantes no ciudadanos en padrones estatales, según la declaración de un denunciante federal que afirmó que el esfuerzo es apresurado, está lleno de errores y podría violar leyes locales. No obstante, la cartera de seguridad defendió el proceso al afirmar que se realiza “de manera diligente y profesional”.
El intento por estructurar una lista nacional de votantes se inscribe entre numerosas medidas impulsadas por Trump para intervenir en la administración de los comicios. La mayoría de estas iniciativas han sido frenadas en los tribunales, dado que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la facultad para fijar las reglas electorales, sin concederle esa potestad al mandatario.
En esa línea, el máximo tribunal ya había rechazado a mediados de septiembre un intento del presidente por restringir los procedimientos de votación por correo antes de las elecciones legislativas.
Diversas investigaciones remarcan que el sufragio de no ciudadanos —que es ilegal y punible como un delito grave que puede derivar en la deportación— resulta excepcionalmente infrecuente, a pesar de la insistencia discursiva del mandatario sobre presuntos fraudes masivos en las elecciones norteamericanas.
