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La Corte Suprema aceptó intervenir en la demanda de Entre Ríos contra la Nación por fondos previsionales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes su competencia originaria en la demanda presentada por la provincia de Entre Ríos contra el Estado Nacional, en la que se reclama el pago de 154.606 millones de pesos correspondientes a transferencias previstas en el Consenso Fiscal de 2017 para financiar el régimen previsional entrerriano.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y responde a la acción judicial de cobro iniciada en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado provincial, Julio César Rodríguez Signes, contra el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En su presentación, la provincia señaló que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos calculó esa suma como saldo adeudado por la Nación al momento de acudir a la Justicia.

Fundamentos del fallo

Al resolver qué tribunal debía intervenir, los jueces sostuvieron que, dado que una provincia demanda al Estado Nacional, corresponde la competencia originaria de la Corte, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

En ese marco, el fallo dispuso:

  1. Declarar que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte.
  2. Dar traslado de la demanda al Estado Nacional, a sustanciarse por la vía ordinaria, con un plazo de sesenta días.

También se ordenó librar oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 25.344, y se notificó al procurador general Eduardo Casal.

El reclamo provincial

La demanda se basa en el Consenso Fiscal del 16 de noviembre de 2017, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. Ese acuerdo estableció, entre otros compromisos, que la Nación debía:

  • eliminar penalizaciones por falta de armonización de los sistemas previsionales,
  • garantizar la continuidad de los anticipos mensuales a través de ANSES,
  • aumentar las partidas presupuestarias en proporción a las prestaciones del SIPA,
  • y mantener un mecanismo automático de anticipos en base al déficit del año anterior.

Además, se fijó la creación de un régimen simplificado de remisión de información para calcular el resultado financiero corriente de cada caja previsional provincial.

Según Entre Ríos, la Nación incumplió esas obligaciones, lo que provocó un déficit en su sistema previsional que hoy reclama judicialmente. El planteo se suma a causas iniciadas por otras provincias que también cuestionan atrasos o incumplimientos de transferencias previstas en el Consenso Fiscal, así como litigios vinculados a fondos nacionales y coparticipación.

Próximos pasos

El proceso continuará con la sustanciación ordinaria de la causa. La definición de fondo quedará supeditada a la producción de prueba y a los argumentos que presenten las partes en el expediente.

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