La Corte pidió a Gildo Insfrán que respete los derechos humanos
Con un pedido de informes, la Corte Suprema de la Nación intervino en la polémica de Formosa y los centros de aislamiento por Coronavirus que funcionan por orden del gobernador Gildo Insfrán.
Además, el Alto Tribunal exhortó sobre “la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus covid-19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”.
“La restricción a la libertad corporal debe satisfacer exigencias de razonabilidad”, sostuvo también la Corte.
De este modo, realizó una advertencia en el expediente iniciado a partir de la presentación de un habeas corpus colectivo que hizo el senador radical Luis Naidenoff por la situación de las personas que fueron aisladas en Formosa.
“No existe óbice para que esta Corte (…) adopte las medidas imprescindibles que resulten idóneas para asegurar la vigencia de los principios constitucionales y de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina”, expresó.
Y agregó: “Es prioritario requerir información actualizada sobre la situación denunciada en relación a los centros de aislamiento preventivos de la provincia de Formosa”.
La Corte le dio a Formosa tres días para que informe “si el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el ‘Estadio Polideportivo Cincuentenario’ ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios y, en tal caso, bajo qué pautas se procedería a su reapertura”. .
También pidió que el gobierno de Insfrán precise “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa” y que detalle incluso los protocolos respecto de quienes cumplen “cuarentenas domiciliarias”.
La Corte Suprema falló el año pasado contra el gobierno de Formosa por la crisis de los varados.
Ahora, en este pedido de informes, advirtió también a los jueces acerca del “deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país, en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.