La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el atentado a la AMIA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertes.
La presidenta del organismo, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso, Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas, emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.
La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento con la debida prontitud y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.
Además, ordenó indemnizar a las víctimas.
“Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, sostuvo el tribunal. “Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, agregó en su resolución.
El fallo es durísimo con la investigación que se llevó adelante por parte de la Justicia y el rol de la ex SIDE. Sostiene que hubo “un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación” y agrega que hubo “maniobras de encubrimiento por parte de agentes estatales”.
La críticas al rol del Estado argentino apuntan a todos los frentes: “A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación, por lo que la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales, al juez imparcial, al plazo razonable y a la protección judicial”, sotienen.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia”, estableció.
El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, un vehículo con una carga explosiva equivalente a entre 300 y 400 kilos de TNT fue detonado en las inmediaciones de la calle Pasteur 633, sede de la AMIA y otras instituciones ligadas a la comunidad judía. Como consecuencia directa de la explosión, murieron 85 personas y 151 resultaron heridas. Para ese momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) estaban investigando el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992. Con el fin de dilucidar lo acontecido el 18 de julio de 1994 y sus responsables, se abrieron varias causas judiciales.
El primero contra la llamada conexión local en donde se acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Ese juicio terminó con todos absueltos.
Entre 2015 y 2019, otro tribunal llevó adelante el juicio por el llamado encubrimiento a la investigación. Ahí terminó condenado el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales y el ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy, entre otros, además del propio Carlos Telleldín.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal dictó dos sentencias claves en este caso. Por un lado confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación del ataque, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado.
El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión. Por otro, confirmó la absolución del reducidor de autos Carlos Telleldín en un fallo en donde el voto del juez Carlos Mahiques sostuvo que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para la Argentina demande formalmente a Irán.